Formularon cargos por peculado y administración fraudulenta contra el intendente Román y la causa entra en una nueva etapa
Por Candela Rossi Bustafán
La jueza Natalia González tuvo por formulados este jueves los cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y contra el empresario Sebastián Ocampo como partícipe necesario. La magistrada entendió que existían elementos suficientes para avanzar con la formulación solicitada por la Fiscalía.
La resolución fue adoptada durante la continuidad de la audiencia iniciada el pasado 8 de junio en los Tribunales de Roca, donde la Fiscalía sostiene que un teléfono celular comprado con fondos municipales, abonado por la comuna y utilizado por una persona que no ocupaba ningún cargo dentro del Municipio terminó en manos de Ocampo.
Román, dirigente de La Libertad Avanza (LLA), quedó formalmente imputado en una investigación que comenzó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen. La resolución también alcanzó a Sebastián Ocampo. La jueza tuvo por formulados los cargos en su contra como partícipe necesario, tal como lo había solicitado la Fiscalía. Según la acusación, el empresario no ocupaba ningún cargo dentro del Municipio de Allen, pero habría recibido y utilizado el teléfono adquirido con fondos municipales y abonado por la comuna.
Además de resolver la formulación de cargos, la magistrada rechazó uno de los principales planteos realizados por las defensas. Tanto el abogado Matías Rubio, defensor de Román, como Federico Diorio, representante legal de Ocampo, habían solicitado que se excluyera del expediente la declaración de la exsecretaria de Hacienda Griselda Morel.
Los defensores sostenían que Morel no podía ser considerada una simple testigo porque habría intervenido en el procedimiento administrativo mediante el cual se adquirió el teléfono investigado.
Sin embargo, González rechazó ese planteo. Según explicó durante la audiencia, Morel no reviste condición de imputada ni fue señalada formalmente como autora de un delito. La jueza también sostuvo que la exfuncionaria declaró atribuyendo conductas a terceros y que no observó una autoincriminación que justificara excluir sus dichos de la investigación.
De esa manera, uno de los testimonios que la Fiscalía considera centrales continuará formando parte de la evidencia reunida en la causa.
Qué sostiene la Fiscalía
La acusación es impulsada por la fiscal Celeste Benatti, acompañada por la fiscal jefa Graciela Echegaray.
Ya durante la audiencia realizada el miércoles, Benatti respondió los cuestionamientos planteados por las defensas y sostuvo que la investigación no se apoya únicamente en declaraciones testimoniales, sino también en documentación, informes técnicos y otras medidas de prueba incorporadas al expediente.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que un Samsung A34 fue adquirido con fondos municipales, que la línea telefónica continuó siendo abonada por la comuna y que el aparato terminó siendo utilizado por Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo formal dentro de la estructura municipal.
La fiscal también hizo referencia a contratos de comodato utilizados para otros teléfonos corporativos municipales y sostuvo que ese tipo de documentación no apareció respecto del aparato que forma parte de esta investigación.
Otro de los puntos desarrollados por la acusación estuvo vinculado a registros técnicos y declaraciones de personal del área informática municipal que, según la Fiscalía, aportan elementos para reconstruir la utilización del teléfono investigado.
Además, Benatti respondió uno de los principales argumentos planteados por la defensa de Román durante la primera audiencia. Mientras el abogado Matías Rubio había sostenido que el día de la compra del teléfono el intendente se encontraba en Neuquén adquiriendo un vehículo cero kilómetro, la fiscal hizo referencia a informes técnicos y otros elementos incorporados a la investigación para sostener la hipótesis acusatoria.
Las defensas cuestionaron la evidencia
Durante ambas jornadas de audiencia, las defensas insistieron en que no existe evidencia directa que permita sostener que Marcelo Román entregó personalmente el teléfono a Sebastián Ocampo.
Rubio también sostuvo que la propia Morel intervino en el procedimiento administrativo de compra del aparato y cuestionó que luego fuera presentada como testigo de los hechos investigados.
Por su parte, Diorio cuestionó distintos aspectos de la acusación y volvió a plantear objeciones respecto de la calificación legal impulsada por la Fiscalía.
Tras la formulación de cargos, las partes discutieron el plazo necesario para continuar la investigación. La Fiscalía solicitó cuatro meses para incorporar nuevas medidas de prueba vinculadas a empleados municipales, comunicaciones y otros elementos reunidos durante el expediente.
Diorio consideró excesivo ese plazo y sostuvo que la causa ya lleva más de un año de trámite. A ese planteo adhirió la defensa de Román.
Al resolver la cuestión, González entendió que el plazo solicitado por la Fiscalía era excesivo y fijó dos meses para continuar la investigación. Entre otros argumentos, señaló que el teléfono investigado no fue hallado y que algunas de las medidas pendientes podían realizarse en un plazo menor.
Cómo se llegó hasta acá
La investigación comenzó en junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que un Samsung A34 comprado con fondos municipales terminó siendo utilizado por Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro del Municipio de Allen. Según la acusación, además de la compra del aparato, la comuna continuó abonando la línea telefónica asociada a ese dispositivo.
A partir de esa denuncia se realizaron allanamientos, se secuestró documentación, se analizaron teléfonos celulares y se tomaron declaraciones a funcionarios y empleados municipales. Con la resolución conocida este jueves, la jueza consideró que existen elementos suficientes para formular cargos y permitir que la investigación continúe.