Condenaron al penitenciario que ingresaba drogas y alcohol al Penal de Roca
Un empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro fue condenado en General Roca por participar de una maniobra que buscaba facilitar el ingreso de drogas y alcohol al Establecimiento de Ejecución Penal II a cambio de dinero. A pesar que se lo habia declarado culpable hace algunas semanas, ya quedó firme su condena.
El condenado fue identificado como Néstor Fabián Pérez, quien al momento de los hechos se desempeñaba en el área de mantenimiento del Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca, ubicado sobre calle Maipú. Durante el juicio, la Justicia consideró acreditado que, por las funciones que cumplía dentro de la unidad, tenía acceso a distintos sectores del penal y contacto frecuente con internos, una situación que resultó compatible con la maniobra investigada.
La investigación judicial determinó que el agente había pactado con un interno el ingreso de distintos elementos prohibidos dentro de la unidad penitenciaria. Aunque no se logró acreditar que las sustancias hayan llegado efectivamente al penal, la Justicia consideró probado el acuerdo económico y el cobro del dinero, suficiente para configurar el delito de cohecho pasivo. Finalmente, la Justicia resolvió imponerle una condena que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que le impedirá volver a desempeñarse dentro de organismos estatales.
La causa comenzó a partir de una requisa realizada en agosto de 2022 dentro del establecimiento. Durante ese procedimiento, personal penitenciario secuestró un teléfono celular que se encontraba encendido y sin bloqueo dentro de una celda. A partir del análisis del dispositivo surgieron conversaciones que expusieron negociaciones vinculadas al ingreso de marihuana, pastillas y alcohol.
Según quedó acreditado durante el juicio, en esos intercambios se hablaba de montos específicos de dinero y de una parte destinada al trabajador penitenciario por concretar la maniobra. La investigación también incorporó movimientos bancarios que coincidían con las cifras mencionadas en los mensajesy entre las pruebas aparecieron transferencias realizadas a una cuenta asociada a la pareja del acusado, situación que fue considerada clave para reconstruir el acuerdo.
Los informes telefónicos y distintos registros permitieron además vincular el número utilizado en las conversaciones con el agente condenado. La Justicia también valoró que el trabajador cumplía funciones de mantenimiento dentro de la cárcel, una tarea que le permitía circular por distintos sectores del penal y mantener contacto frecuente con internos.
Durante el proceso, la defensa cuestionó la legalidad de la prueba obtenida desde el celular secuestrado y sostuvo que existió una afectación a la intimidad. Sin embargo, ese planteo fue rechazado y la magistrada entendió que el procedimiento inicial respondió a cuestiones de seguridad dentro del establecimiento y remarcó que posteriormente se realizó una pericia forense ordenada judicialmente sobre el dispositivo.
En el fallo también se descartó la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque se mantuvo la responsabilidad penal por el delito de cohecho pasivo.
La resolución puso fin a una investigación que se extendió durante varios años y que tuvo como eje principal el análisis de pruebas digitales, registros bancarios y comunicaciones entre los involucrados.