2026-05-22
El Gobierno destinará fondos millonarios al Banco Nacional de Datos Genéticos tras una orden judicial
La Jefatura de Gabinete gestionará 590 millones de pesos para asegurar la operatividad de la entidad científica, aunque cuestionó duramente la medida.
El Poder Ejecutivo nacional inició los trámites administrativos para reforzar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión oficial busca garantizar de manera inmediata la continuidad de las funciones esenciales de este organismo clave. La medida responde a una resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, dictada ante el riesgo en la preservación de muestras biológicas e investigaciones de lesa humanidad.
La presentación formal fue efectuada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Las autoridades gubernamentales informaron que se comprometieron a gestionar “la incorporación de crédito presupuestario de PESOS QUINIENTOS NOVENTA MILLONES ($590.000.000) a efectos de garantizar la continuidad operativa del BNDG”. Con este desembolso, el Gobierno solicitó formalmente que se deje sin efecto la medida cautelar interina.
La intervención judicial se originó por una denuncia de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata. Los fiscales alertaron sobre una situación crítica que afectaba la limpieza, vigilancia y seguridad informática del edificio. Incluso, la dirección del banco había advertido que se paralizaría la toma de muestras indispensables para la identificación de personas.
A pesar de otorgar el financiamiento, la Casa Rosada cuestionó con dureza el diagnóstico presentado por los directivos de la institución científica. En el escrito, el Ejecutivo afirmó que los problemas operativos “obedecen, al día de la fecha, a una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles y a la falta de impulso de sus procesos administrativos y operativos y no a una insuficiencia de crédito”.
Finalmente, el Estado nacional defendió el manejo de las partidas presupuestarias como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. Las autoridades señalaron que la resolución del magistrado implicó “un alarmante avance” de los tribunales sobre el resto de los poderes del Estado. Según argumentaron, definir partidas desde el ámbito judicial desbarataría el sistema republicano e introduciría un fuerte desequilibrio en las cuentas fiscales.
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