2026-05-19

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Causa de corrupción: la Justicia buscó información sobre Francisco Adorni en el Ministerio de Defensa

La justicia avanza en la investigación por enriquecimiento ilícito en la que está imputado Francisco Adorni y en la que se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa donde el hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desempeñó cuando era funcionario público.

En un nuevo giro dentro del panorama judicial argentino, la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, ha captado la atención del espectro mediático. En los últimos días, la Justicia avanzó con firmeza al solicitar diversas medidas que apuntan a esclarecer las circunstancias que rodean al ex funcionario público del Ministerio de Defensa.

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Fue en el citado ministerio donde se desarrolló un procedimiento de recopilación de documentación bajo la dirección del juez Sebastián Casanello. Este paso permitirá examinar en detalle los nombramientos de Francisco Adorni, los cargos ocupados y la trayectoria económica reflejada en su historial de sueldos. La preocupación principal radica en la acusación de un incremento patrimonial no justificado durante su desempeño en la esfera pública.

La fiscalía, liderada por Guillermo Marijuán, solicitó cruciales levantamientos de secretos bancarios y fiscales para trazar la evolución patrimonial de Adorni desde el año 2020 hasta el presente. Este proceso implicó requerir a diversas entidades financieras información exhaustiva sobre sus movimientos económicos, que incluyen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, operaciones cambiarias y activos tangibles, con el objetivo de esclarecer cualquier anomalía en la gestión económica del exfuncionario.

Particularmente notable es el notable aumento en el patrimonio declarado por Adorni entre 2023 y 2025, pasando de declarar $43.790.000 en propiedades y dinero a un llamativo total de $80.500.000. Este incremento ha provocado una serie de especulaciones cuanto a la adquisición de bienes de alta gama y la rápida cancelación de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones, lo cual ha levantado bandera roja entre las autoridades.

Así, la justicia continúa su análisis profundo de la situación al solicitar documentación adicional al Banco Provincia, UIF, IGJ, y otros registros relevantes. Al mismo tiempo, detalla un seguimiento de la actividad financiera del sospechoso, que podría incluir vínculos empresariales o operaciones no registradas.

Por el momento, el enfoque dirigido por el fiscal Marijuán se mantiene en la búsqueda de pruebas contundentes y una revisión meticulosa del impacto económico que tuvo Francisco Adorni durante su paso por la función pública. 

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