Presunta falsa médica: la defensa de Marzano calificó el fallo como un “avasallamiento” y cuestionó la tobillera y la inhibición de bienes
El abogado defensor de Mariela Fernanda Marzano, Oscar Pineda, cuestionó con dureza la decisión del juez de garantías Oscar Gatti de ratificar el uso de tobillera electrónica y la inhibición de bienes, y calificó el fallo como “un avasallamiento sobre las autonomías de las provincias”.
“Las leyes procesales las dictan las provincias”, sostuvo el letrado al finalizar la audiencia, en referencia al uso de normativa nacional para justificar las medidas cautelares. En ese sentido, afirmó que “si los propios operadores judiciales de la provincia aplican normas nacionales, el federalismo evidentemente no existe”.
Pineda también criticó la inhibición general de bienes, al considerar que se trata de una medida basada en suposiciones. “Si no saben qué bienes tiene, no se puede disponer una medida sobre una base que no está determinada”, planteó, en línea con lo que la defensa ya había expuesto durante la audiencia.
Respecto a la tobillera electrónica, el abogado sostuvo que se trata de “una medida cautelar aplicada sin conocer todavía las circunstancias del caso” y cuestionó que se haya dictado sin que existan precisiones sobre los hechos. “No sabemos cómo ocurrió el hecho, en tiempo, modo y lugar”, afirmó.
En esa línea, remarcó que la causa se encuentra en una “situación indeterminada” y advirtió que la defensa aún no pudo acceder a la totalidad de la prueba. “El pasaporte fue secuestrado en el allanamiento y no lo pudimos ver”, señaló.
Además, insistió en que no hay elementos suficientes para sostener las medidas. “¿Cómo puede decir que hay verosimilitud del derecho si no sabemos cómo ocurrió el hecho?”, cuestionó.
Por último, Pineda anticipó que la defensa evalúa los próximos pasos tras el fallo. “Podemos estar frente a algún recurso”, indicó, aunque evitó dar mayores precisiones.
Cómo empezó la causa contra Marzano
La investigación se inició a partir de una denuncia del ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la documentación con la que la mujer habría obtenido la matrícula profesional. Según la fiscalía, con ese aval se desempeñó durante años en el sistema público y en clínicas privadas del Alto Valle.
En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en instituciones de salud y se dispuso el resguardo de historias clínicas de pacientes atendidos por Marzano. Además, en los últimos días se incorporaron nuevas denuncias de familiares, algunas vinculadas a fallecimientos, que ya están siendo analizadas por el Ministerio Público Fiscal.