Río Negro aplicó nuevas cesantías y sanciones por faltas graves en la administración pública
En lo que va de 2026, el sistema disciplinario de la administración pública de Río Negro resolvió dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos por distintas faltas cometidas por agentes estatales.
Lee también: Sanciones: fueron aplicadas 74 cesantías y 4 exoneraciones a empleados estatales
Las sanciones fueron definidas en el ámbito de la Junta de Disciplina, organismo encargado de analizar los sumarios administrativos que se inician ante posibles incumplimientos en el servicio público.
De acuerdo con la información oficial, desde enero de 2024 el organismo analizó más de 1.000 expedientes administrativos, lo que permitió agilizar procesos que en años anteriores registraban demoras y aumentar el número de resoluciones.
En ese período, el sistema disciplinario determinó 94 cesantías, seis exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Además, se dictaron 77 absoluciones luego de analizar los casos.
“Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan distintos tipos de incumplimientos dentro del ámbito estatal. Entre ellos se incluyen faltas en el servicio —como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos— y también conflictos interpersonales o inconductas, con denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre compañeros.
Para los casos más graves, la legislación prevé sanciones de mayor alcance. La cesantía implica la desvinculación del agente y la prohibición de reingresar al Estado durante cinco años. Esta medida se aplica ante acumulación de sanciones previas, abandono prolongado del servicio o faltas graves.
La exoneración, en cambio, representa la sanción más severa del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a desempeñarse en la administración pública. Esta medida se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
Cómo funciona el sistema
Las sanciones surgen de sumarios administrativos. Ante la detección de una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina.
Este organismo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, que evalúan la gravedad de los hechos y los antecedentes antes de emitir una resolución.
La normativa provincial establece una escala progresiva de sanciones que va desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía —que permite el reingreso luego de cinco años— y la exoneración, que implica la expulsión definitiva ante delitos con condena penal.