Soria reclamó a Vialidad por el deterioro de la Ruta 22, en un escenario de abandono vial que ya llegó a la Justicia
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, solicitó formalmente a Vialidad Nacional la reparación y el mantenimiento de la Ruta Nacional 22 en el tramo urbano, ante el deterioro de la calzada y de las obras complementarias.
El pedido fue dirigido al jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Héctor Tasat, y se fundamenta en reclamos de vecinos y vecinas que transitan a diario por la Ruta 22 o la cruzan en sentido norte–sur. Desde el Ejecutivo municipal advirtieron que el estado actual de la traza incrementa el riesgo para la circulación y requiere intervenciones urgentes.
En la presentación se solicitó de manera puntual la reparación de la cinta asfáltica en distintos sectores, el calzado de banquinas en los principales cruces y la restauración de las barandas del puente ubicado en la intersección con calle Damas Patricias, uno de los pasos más utilizados dentro del ejido urbano.
El reclamo se inscribe en un contexto provincial documentado sobre el deterioro de las rutas nacionales. En junio de 2025, un relevamiento técnico elaborado por el ministerio de Obras y Servicios Públicos y Vialidad Provincial, por pedido del gobernador Alberto Weretilneck, advirtió deformaciones de hasta 17 centímetros en la calzada de la Ruta 22, además de ahuellamientos profundos, fisuras, hundimientos y falta de señalización en distintos tramos del Alto Valle.
Ese informe fue parte de la base técnica utilizada para avanzar en acciones judiciales vinculadas al estado de las rutas nacionales. En octubre de 2025, la Justicia Federal de General Roca hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el gobernador Weretilneck junto a intendentes y cámaras empresarias, y ordenó a Vialidad Nacional elaborar un plan de reconstrucción de la Ruta Nacional 151, al considerar probado su grave deterioro y la inacción del organismo responsable.
En esa sentencia, el juzgado sostuvo que el mal estado de la traza implicaba un riesgo para la seguridad vial y afectaba servicios esenciales, y dejó expresamente establecido que la falta de presupuesto no puede ser invocada como excusa para incumplir las obligaciones de mantenimiento. Si bien esa resolución no alcanza a la Ruta 22, dejó asentado un antecedente reciente sobre la responsabilidad del Estado nacional en la conservación de las rutas que atraviesan la provincia.
Hasta el momento, el pedido elevado por la intendenta Soria no tuvo respuesta pública por parte de Vialidad Nacional.