AVANZA CON LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA
El Gobierno autorizó el corte de agua por falta de pago
En un movimiento inesperado, el Gobierno argentino ha dado un significativo paso hacia la privatización del servicio de aguas y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires. En un contexto de creciente crisis económica, el Ejecutivo nacional ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 493/2025, un texto que reconfigura el marco normativo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y permite la venta total o parcial de las acciones del Estado en la empresa.
Este drástico cambio se produce en medio de un aumento de los cuestionamientos sobre la eficiencia de AySA y su capacidad para mantener y expandir sus servicios actuales. "La actual estructura es incapaz de satisfacer las exigencias crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad," se lee en el decreto.
Con esta nueva normativa, no solo se flexibilizan los mecanismos para la introducción de capital privado, sino que también se otorgan nuevas atribuciones a la concesionaria, incluyendo la potestad de interrumpir el suministro de agua en caso de impago por parte de los clientes.
Para muchos, la introducción del capital privado es vista como un medio para inyectar eficiencia y modernidad a un servicio público que ha tropezado con deterioros operativos considerables. Desde 2006, el modelo de financiación estatal ha implicado el desembolso de más de 13.400 millones de dólares, un esfuerzo considerable que aparentemente no ha logrado frenar la caída en la productividad ni el aumento de los costos operativos.
No obstante, el Estado ha prometido conservar un papel supervisor decisivo a través del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA). Estos organismos trabajarán en un Plan Director de Mejora Estratégica que será importante para guiar las políticas de expansión de la red, y deberá ser evaluado cada cinco años.
La firma del decreto ha sido respaldada por varias figuras prominentes del Gobierno, incluyendo al presidente Javier Milei y diversos ministros, quienes apostillan así una apuesta arriesgada en medio de opiniones divididas en la esfera pública y política. Al entrar en vigencia, el decreto aguarda ahora su revisión por parte de la Comisión Bicameral del Congreso, que detendrá la tarea de validarlo oficialmente.