AJUSTE POR INFLACIÓN
Aseguran que las jubilaciones serían 32% más altas sin el cambio de fórmula de Milei
Desde el año 2024, el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria implementado por el presidente Javier Milei ha generado un intenso debate en Argentina. Según un reciente informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), las jubilaciones podrían ser un 32% más altas si Milei no hubiese implementado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el cálculo de incremento de haberes para los jubilados.
Esta decisión tomada por el gobierno fue enmarcada como un mecanismo para proteger a los jubilados de la inflación, al vincular las actualizaciones de sus haberes al Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, las voces críticas destacan que esto privó a los jubilados de beneficiarse de la mejora de los salarios y la recaudación, lo que hubiera ocurrido con la fórmula anterior.
Bajo esta lógica, no solo los ingresos inmediatos de los jubilados se han visto afectados, sino que las perspectivas a largo plazo de su poder adquisitivo también podrían deteriorarse.
El debate sobre la legislación que regula las jubilaciones se intensifica dados los vaivenes y perspectivas económicas del país. La legislación actual aún enfrenta desafíos legales; hay serias preocupaciones sobre su constitucionalidad, dado que las leyes de movilidad suelen ser competencia del Congreso.
Según algunos analistas, esta situación podría incrementar la litigiosidad, volviéndose eventualmente un problema significativo para las finanzas del estado a medida que aumentan los juicios de jubilados reclamando mejores ingresos.
Otro punto de discordia ha sido el congelamiento del bono de $70.000 pesos establecido en marzo de 2024. A cálculo de inflación acumulado desde aquel entonces, el bono debería estar rondando los $158.000, sin embargo, se mantiene sin cambios, representando una pérdida real significativa para los jubilados.
En cuanto al futuro, el gobierno ha comunicado que no habrá ajustes para este bono previsto hasta el año 2025, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los jubilados que dependen enteramente de estas sumas, más aún ante un informe reciente que expresa que los haberes sin el bono están un 3,1% por debajo en capacidad de compra en comparación con períodos anteriores.
Las proyecciones económicas señalan la necesidad de una reforma integral del sistema jubilatorio. Consecuencias de decisiones políticas previas, sumadas al congelamiento de beneficios y la no actualización de bonos, han mermado el poder de compra de los jubilados, colocando sus ingresos al nivel de la década de los 90, décadas ya difíciles para esta población.
Los expertos en economía y políticas públicas concluyen que, resuelto el desacople actual y pensando en un futuro sostenible, se debería discutir no solo un retorno a fórmulas que mejoren los haberes, sino también una eventual alza en la edad jubilatoria y el incremento de años de aportes para garantizas el reequilibrio del sistema previsional en Argentina.