Una roquense ganó un juicio a una concesionaria por un auto defectuoso
Una mujer de General Roca vivió una odisea legal luego de comprar un auto en una concesionaria de la ciudad. Apenas unos días después de retirar su flamante Fiat Mobi Way de la concesionaria, el vehículo se detuvo repentinamente en plena Ruta 22, dejándola varada cerca de Río Colorado.
A partir de allí, comenzó una batalla judicial que culminó con una resolución favorable: la Justicia ordenó que sea indemnizada con más de 11 millones de pesos.
El incidente ocurrió el 22 de julio de 2018. La propietaria circulaba por la Ruta 22 cuando, sin previo aviso, el motor del auto se apagó por completo. Sin ruidos extraños ni golpes, simplemente dejó de funcionar. Con la ayuda de una grúa, el vehículo fue trasladado a la concesionaria Pire Rayen Automotores S.A., donde inicialmente le aseguraron que revisarían el desperfecto.
Sin embargo, con el paso de los días, las explicaciones comenzaron a cambiar. Primero se mencionó una falla en el encendido, luego un ruido fuerte en el motor. Cuando la dueña regresó al taller, encontró su auto desarmado, con el motor extraído y sin respuestas concretas sobre la reparación.
Al ver la falta de soluciones, la mujer envió cartas documento exigiendo la reparación en garantía. La concesionaria respondió que la falla no estaba cubierta, argumentando que el motor había sido dañado por combustible en mal estado.
La propietaria rechazó esa versión. Aseguró que había cargado nafta en estaciones oficiales y nunca tuvo inconvenientes con su rendimiento. Además, la empresa no presentó pruebas que justificaran su postura. Ante la falta de respuestas, en abril de 2019 inició una demanda en el fuero civil de Roca.
Durante el juicio, la concesionaria intentó desligarse de la responsabilidad, asegurando que el desperfecto se debía al mal uso del vehículo y a un combustible contaminado. Sin embargo, la pericia mecánica desmintió esa versión. El informe técnico determinó que las válvulas de escape estaban deformadas y la tapa de cilindros presentaba daños que impedían el funcionamiento del motor. Además, se constató que el combustible extraído del tanque no había sido analizado correctamente ni conservado como prueba válida.
El perito explicó que, de haber sido un problema por combustible en mal estado, las válvulas deberían haber mostrado fisuras o deterioros en los pistones, lo que no ocurrió. En cambio, la falla estaba en el sistema de distribución del motor. La jueza civil que llevó el caso consideró que tanto la concesionaria como la automotriz violaron los derechos del consumidor. No solo incumplieron con la garantía del vehículo, sino que también vulneraron el deber de información y trato digno al dejar a la usuaria sin respuestas durante años.
En su sentencia, ordenó que el auto sea reparado en un plazo máximo de 10 días y entregado en óptimas condiciones de funcionamiento. Además, fijó una indemnización total de 11.326.000 pesos, distribuidos en distintos rubros por los perjuicios sufridos. Si bien la sentencia puede ser apelada, marca un precedente importante para otros consumidores que enfrentan trabas al hacer valer sus derechos ante grandes empresas.