Bullrich quiere que las fuerzas de seguridad reutilicen armas que fueron decomisadas
El Gobierno de Argentina está avanzando rápidamente en la implementación de nuevas políticas de seguridad que incluyen un cambio significativo en la gestión de las armas decomisadas. Liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta iniciativa tiene como objetivo permitir que las fuerzas de seguridad reutilicen estas armas, en lugar de proceder con su destrucción, como era habitual hasta ahora. La administración busca publicar este nuevo decreto en el Boletín Oficial a principios de enero.
El trasfondo legal de esta propuesta radica en una modificación de la Ley del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Secuestrados, originalmente establecida en 2005 bajo el decreto 531/2005 durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner. Esta ley exige desde su creación la destrucción de armas incautadas tras la conclusión de los procesos judiciales correspondientes, un proceso supervisado estrictamente por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que actualmente gestiona alrededor de 100.000 armas en sus depósitos a la espera de resolución judicial.
La novedosa propuesta del Gobierno radica en la adición de una nueva categoría dentro del articulado de esta ley. Esta permitirá la reutilización de aquellas armas que, post evaluación, se consideren en condiciones óptimas y compatibilicen con las necesidades y modelaje actual de las fuerzas de seguridad. Aunque aún no está detallado cómo se materializará esta redistribución, se han identificado las fuerzas posibles receptoras: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal.
Se ha reconocido desde el despacho en Balcarce 50 que gran parte de las armas incautadas pueden no ser reutilizables, sin embargo, suelen encontrarse pistolas de nueve milímetros que coinciden con las necesidades operativas de las fuerzas de seguridad. Estas pistolas podrían así evitar destrucción innecesaria, sugiriendo una actitud de uso eficiente y sostenido de los recursos disponibles.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto de cambio más amplio dentro del Ministerio de Seguridad, que no solo verá un cambio de nombre a "Seguridad Nacional", sino también una ampliación de sus funciones mediante la absorción de ciertas competencias de los ministerios de Defensa y Justicia. Además, se prepara una nueva Ley de Seguridad Nacional para fortalecer el papel de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de las Fuerzas Armadas, un movimiento que apunta a modernizar y adaptar las capacidades estatales frente a las amenazas contemporáneas.