Los fondos para jubilaciones y pensiones cayeron más de 20% en lo que va de 2024
La reciente aprobación en el Senado del proyecto de mejora jubilatoria, promovido por la oposición, y su inminente veto por el presidente Javier Milei, ha puesto en el centro del debate nacional los altos gastos que implica para el Estado el pago de jubilaciones y pensiones contributivas. Este rubro es, de hecho, la pieza más significativa del presupuesto corriente de la Administración Pública Nacional, motivo por el cual el Gobierno ha buscado contener este gasto para cumplir con su objetivo de déficit cero.
El presidente Milei ha reafirmado su postura de veto total al proyecto de ley. En un comunicado oficial, explicó que de ser aprobado, se requeriría un incremento del 1,2% del PIB, lo cual equivaldría a un 25% del PIB en términos dinámicos. Milei ha calificado esta iniciativa como “un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal,” justificando así su decisión de veto. Desde la Casa Rosada se ha subrayado que las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales desde enero, al tiempo que el gobierno ha disminuido el gasto y combatido la inflación mediante un sistema de actualización previsional por decreto ejecutivo.
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela que en los primeros siete meses de 2024, el monto destinado a los haberes de 7,2 millones de jubilados y pensionados tuvo una caída real del 22,1% respecto del mismo período de 2023. Mientras que entre enero y julio de este año se asignaron $17,4 billones, el gasto en el mismo periodo del año pasado fue de $22,7 billones a valores constantes, tomando en cuenta la inflación acumulada hasta julio.
El proyecto de movilidad jubilatoria aprobado establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al decreto vigente del Ejecutivo desde marzo. Sin embargo, añade una compensación extra del 8,1% retroactiva desde febrero y propone que la jubilación mínima sea equivalente al 109% de la canasta básica, entre otras mejoras. Esta ley reunió el apoyo de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y varios bloques provinciales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde fue sancionada con una gran mayoría.
La reacción del Gobierno ha sido contundente. Durante una conferencia de prensa el viernes, el portavoz presidencial calificó la ley como un ataque directo al plan gubernamental y advirtió que el equilibrio fiscal no es negociable. Añadió que cualquier medida judicial o recorte presupuestario adicional está en estudio para contrarrestar la legislación aprobada que, según afirma, no se ajusta a la ley de administración financiera.
Los datos sobre la ejecución del presupuesto también son reveladores. Hasta el 31 de julio de 2024, se ejecutó el 48.1% del presupuesto destinado al pago de haberes, en comparación con el 56% ejecutado en la misma fecha del año anterior. En conjunto, la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes totales de la Administración Pública Nacional fue del 49,7% al cierre del mes pasado, es decir, también por debajo de los niveles comparados al año 2023.