Nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para un policía torturador

Se conoció la pena que deberá purgar el oficial de la policía rionegrina Cristian Caumillan, que ya había sido considerado culpable de torturas, vejámenes y violación contra un joven al que había detenido. El tribunal dictaminó nueve años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Caumillan arrastraba también un pesado legajo en su contra: al momento del juicio contaba con 34 sanciones administrativas por distintas faltas.

Los tres integrantes del Tribunal de Juicio - María Florencia Caruso, Marcelo Gómez y Sonia Martín -, habían considerado que la fiscalía y la querella probaron su teoría del caso y descartaron la hipótesis de una conspiración o pase de factura interna de la misma fuerza, propuesta por la defensa.

El Código penal establece como un agravante que el hecho de torturas haya sido producido por un oficial policial, quien tiene potestad sobre la situación de un detenido. El artículo 144 prevé una pena de reclusión o prisión de ocho a 25 años “e inhabilitación absoluta y perpetua” al funcionario público “que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.

El fiscal jefe de la IV Circunscripción, Santiago Márquez Gauna, había solicitado una pena de 12 años de prisión para el oficial Cristian Caumillan. También aseguró que a pesar de haber sido considerado culpable por la justicia, continuaba prestando funciones en la Unidad Regional IV, con sede en Choele Choel.

El episodio ocurrió el 17 de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando cumplía funciones en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu, de Cipolletti. Ese día, junto al suboficial Matías Galarce, detuvieron a dos jóvenes que habrían ingresado a un templo religioso con fines de robo. Pero después los sometieron a distintos vejámenes: uno sufrió el abuso sexual cuando “el gordo” Caumillan le introdujo la cachiporra en el ano. El otro presentaba heridas en la cabeza y en las orejas. Además, les plantaron un arma para agravar la situación de los involucrados. Las heridas provocadas fueron confirmadas después por el médico forense y por la directora del Hospital local, Claudia Muñoz.

Durante el proceso, Galarce terminó confesando y achacando la responsabilidad de todo el procedimiento al oficial a Caumillan, su superior jerárquico. Testimonios similares se recogieron de los otros dos policías que llegaron minutos después del procedimiento,

La fiscalía y la querella particular coincidieron en solicitar una condena de 12 años de prisión, mientras que la defensa se inclinó por pedir el mínimo previsto para estos casos, que es de 8 años.

Caumillan fue considerado culpable de torturas y abuso el 16 de mayo pasado por el tribunal. El hecho fue informado a la Jefatura de Policía, que además contaba con un grueso expediente interno, ya que Caumillan cuenta con 34 sanciones administrativas internas, con una importante cantidad de días de arresto en su contra.