Una familia se disolvió luego de una traumática serie de episodios de violencia de género y un proceso judicial complejo, que terminó en un divorcio y en una sentencia de expulsión del hogar y de prohibición de acercamiento. Lo que no se había resuelto era la situación de la vivienda, que pertenecía al hombre pero que pasó a estar ocupada por la ex pareja y el hijo en común.

El hombre inició la demanda en el fuero Civil con la intención de obtener el desalojo y recuperar el bien. Pero al rechazar el pedido, la jueza marcó dos hechos puntuales: que el caso, por su complejidad, debe tramitarse en el fuero de Familia. Y que si bien no está en cuestión que la vivienda es de su propiedad, deberá resolverse en otra oportunidad porque privilegió el bien del hijo en común, que es menor de edad. Consideró además diversas circunstancias que marcaron la ruptura de la relación.

Leé también: Violencia de género: intentó asesinar a su pareja y después le robó la plata de su casa

La relación de pareja se inició en 2009 y, tiempo después, el propietario del inmueble decidió formar una familia. Todos, incluso sus hijos, tuvieron residencia en esa casa hasta que en 2017 la mujer formuló una denuncia por violencia familiar. La pareja se disolvió y una jueza de Familia de Cipolletti excluyó al hombre del hogar. También se dictó una prohibición de acercamiento.

Con el paso de los años, el propietario del inmueble empezó a exigirle a su expareja la devolución de la casa. De todas formas, ella consideró que allí también residía el hijo que tienen en común, que además es menor de edad. La medida de desalojo también vulneraba los derechos del niño, planteó la madre.

Durante el periodo de cuarentena de la pandemia del Covid 19, la mujer optó por quedarse en la casa. El propietario denunció que ella permanecía en calidad de intrusa y que además había realizado modificaciones en el inmueble permitiendo el funcionamiento clandestino de una peluquería en el living. Ella contestó que estaba sin trabajo, que él no abonaba la cuota alimentaria, que realizaba cortes de pelo a domicilio y que también atendía a clientas en la casa para poder cuidar al niño.

La jueza civil que rechazó el desalojo consideró que no se desconoce la existencia del deber de restituir el inmueble, puesto que le pertenece al hombre, pero estimó que no es esta la oportunidad de devolverlo. La devolución quedará diferida a la resolución de los conflictos que se ventilan por los vínculos de familia que median en el asunto.

Seguí leyendo: Una mujer policía sufría violencia de género y la echaron de la fuerza: qué dijo la justicia

Además consideró que rige el principio de especialidad vinculado a las relaciones de familia. Sostuvo la magistrada civil que en este caso ya está interviniendo una jueza de familia y que, por las particularidades, el abordaje es integral y con especial perspectiva de la delicada materia involucrada. 

“Bajo la óptica civilista puede incurrirse en una eventual posibilidad de dictar sentencias en sentidos distintos, e incluso contradictorios, o en pugna con los intereses involucrados, sin el detenido resguardo de derechos o principios que imperan en el fuero especial de familia”, dice la resolución que rechazó el desalojo de la mujer.