Por Claudio Andrade

El Obispado de Río Negro emitió un comunicado en el que condena el altercado entre militantes y baqueanos de la zona de El Foyel y asegura que en la provincia “la soberanía hoy se encuentra frágil y precaria”.

Los equipos de la Pastoral Social de las diócesis de Río Negro dieron a conocer un documento donde no es considerada la gente de campo de la zona y se soslaya el hecho de que defendían su posición de dueños del camino de Tacuifí cuando los alrededor de 500 militantes de la 7 Marcha a Lago Escondido, intentaron atravesar la reja divisoria por la fuerza.

La marcha liderada por el médico Jorge Rachid y Julio César Urien culminó el 4 de febrero pasado en el marco de una serie de discusiones internas y el cansancio general de los manifestantes.

Horas antes un grupo de gauchos patagónicos había arremetido contra alrededor de 10 manifestantes que ingresaron por atrás de la reja utilizando campos cercanos.

El documento del Obispado menciona este hecho puntual pero no recuerda los días iniciales de la marcha cuando los militantes agredieron, insultaron e intentaron cortar la reja con una amoladora, en su intento por continuar hacia la propiedad de Joe Lewis utilizando el camino de Tacuifí.

Tampoco hace mención a los 50 militantes que se instalaron por dos días en los alrededores del patio de Lewis invadiendo propiedad privada.

“Los equipos de Pastoral Social de las diócesis de Viedma, Alto Valle y Bariloche queremos expresar nuestro rechazo a la violencia que se ha llevado adelante contra los manifestantes que reclamaban el libre acceso al lago Escondido”, comienza el texto.

“Desde el año 2009 el Poder Judicial de Río Negro viene ordenando -a través de distintas sentencias- la apertura del camino de Tacuifí, para que cualquier persona pueda llegar de forma segura a ese lago y disfrutar de sus playas y paisajes, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”, agrega.

“Nos llama la atención que una medida que promueve el bien común sea demorada y hasta cuestionada por las autoridades que deberían exigir su aplicación. Por el contrario, el mismo gobierno provincial ha apelado la última sentencia y hasta ha cuestionado las distintas formas en que diversas organizaciones sociales han señalado la clara injusticia que esta situación encierra”, sigue.

En este caso el documento parece negar o pretender olvidar que hay una situación judicial que no está por completo resuelta.

“Dios nos ha regalado una geografía privilegiada para el goce de toda la ciudadanía, y nuestros legisladores, a lo largo de la historia, han sabido asegurar ese propósito con la elaboración de leyes que cuiden el ámbito natural y lo pongan a disposición del pueblo”, explica.

“Lamentablemente, algunos sectores con poder económico y político intentan imponer sus intereses particulares recurriendo a la violencia de las amenazas, los vicios legales, la mentira y la agresión física”, suma.

“Es por todo esto que: Nos solidarizamos con quienes están participando de esta 7ma. marcha al Lago Escondido para sostener la soberanía que hoy se encuentra tan frágil y precaria en la región. Denunciamos el escándalo de las agresiones físicas y verbales sobre quienes ejercían su derecho a reclamar. Solicitamos a la gobernadora Arabela Carreras que intervenga presencial y eficazmente para que esta grave situación se resuelva bajo los valores de la justicia, lo solidaridad y el bien común. Seguimos trabajando en cada una de nuestras comunidades para que nunca más la violencia y la mentira se utilicen para imponer medidas que atenten contra el espíritu democrático de los rionegrinos”, concluye.

El documento está firmado por los Equipos de Pastoral Social de la diócesis del Alto Valle, diócesis de Viedma y diócesis de San Carlos de Bariloche.