El anticipo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, de impulsar una modificación a la ley de alquileres, cayó como una bomba entre los inquilinos de la región. Por eso, solicitan que si esto avanza, se tome en cuenta su situación y no sólo la de los propietarios.

Según datos de la Unión de Inquilinos, en la provincia existen 146.000 familias que alquilan una vivienda; mientras que en todo el país llegan a ser 9 millones. El dato es que el 77 % de esos inquilinos deben destinar aproximadamente el 63 % de sus ingresos para sostener el pago de la locación.

Massa anticipó hace unos días su opinión sobre la situación al afirmar que la ley “fracasó” ya que “pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.

Lo concreto es que el nuevo sistema, lejos de encontrar un equilibrio en el mercado, produjo retracciones e incrementos que escaparon a la media inflacionaria. Y en algunos casos, para la renovación de contratos se llega a pedir incrementos del 120 %, denuncian las asociaciones de inquilinos.

El titular de la Unión de Inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, explicó que la postura de Massa “no se diferencia de la posición de Cambiemos ni de la del mercado inmobiliario. Hay una especie de acuerdo de cambiar, pero no dicen qué. Ni en qué pueden beneficiar a los inquilinos”.

Para Díaz, “no está claro si los aumentos van a ser mensuales, o semestrales; si el índice de actualización sería en función del salario o en qué porcentaje. También se menciona la posibilidad de aumentar la cantidad de garantías”. Agregó que en la actualidad los contratos establecen actualizaciones anuales según el índice de inflación, lo que lleva a incrementos de más del 50 %. Y eso en la mayoría de los casos es mayor que los incrementos salariales obtenidos en paritarias.

El dirigente advirtió que una de las propuestas de Cambiemos es “que el contrato se pueda dar por finalizado cuando el propietario quiera. Lo que significa que te pueden echar cuando quieran”.

“Lo que están proponiendo no mejora la calidad del inquilino, va a generar que el inquilino pague más”, precisó Díaz.

Por otro lado, la propuesta de “ahorrar en ladrillo” para dejar de “ahorrar en dólares” parece un mensaje destinado “a concentrar aún más la oferta de viviendas. Porque los únicos que tienen posibilidad de ahorrar en dólares son las corporaciones”, advirtió. “Cuando un Estado no tiene políticas para regular el mercado inmobiliario, el que regula es el privado”, apuntó.

Con respecto a la duración de los contratos, Díaz defendió la vigencia de los tres años que establece la ley actual como una especie de “piso” que permita dar una mayor estabilidad al locatario. “En todo el mundo los contratos mínimos son de 5 años. Se trata de un esquema estable, que no genera inflación a futuro y permite una mejor movilidad de inquilinos”, comentó.

“Si la política va solamente a gobernar teniendo en cuenta los intereses de los sectores económicos concentrados, Argentina está perdida. Nuestro pedido a los gobernantes es que tengan en cuenta el mensaje de las urnas. La gente está pidiendo que la cuiden; pide que se cuiden los ingresos de los que trabajan. De lo contrario el impacto social va a ser muy duro”, remarcó.