Opinión

| 23/10/2021

El conflicto mapuche desde un análisis jurídico: ¿Es una cuestión estrictamente local o también del Gobierno nacional?

El conflicto mapuche desde un análisis jurídico: ¿Es una cuestión estrictamente local o también del Gobierno nacional?

 

El conflicto con los mapuches en la Patagonia ha tenido un crecimiento en la escalada de violencia en este último tiempo, como pocas veces se había observado. Desde el ataque a la oficina de Turismo de “El Bolsón”, el campamento de Vialidad Rionegrina, como el incendio al club Andino “Piltriquitron” son distintos sucesos que se han dado en los últimos meses y que ha generado por parte del Estado Rionegrino la denuncia penal por actos de “Terrorismo” de estos grupos y un reclamo a Nación.

Aquí se dio un conflicto. La Gobernadora Rionegrina Arabela Carreras “exigiendo” la intervención de fuerzas federales en la zona. Por el otro lado, el Presidente Alberto Fernández enviándole una carta a la misma sosteniendo que no es “función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”.

Desde el punto de vista técnico literal ambos tienen razón. El problema pasa porque los dos no hablaban de lo mismo.

La materia de seguridad, es una materia reservada a las provincias. Son ellas las que en principio tienen la competencia para el control de aquellos hechos de índole local y asegurar la seguridad de los habitantes de sus habitantes, mediante las fuerzas provinciales.

 

 

Ahora bien, la materia de seguridad deja de ser local cuando se dan los presupuestos de la ley 24.059, (que es justamente es la que el mismo Presidente nombra) en su artículo segundo. La ley define como seguridad del interior a situaciones de hecho que tienen como finalidad resguardar la vida, el patrimonio, los derechos y garantías de los habitantes y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.

Para garantizar lo anterior, se puede emplear todo el material humano y las fuerzas federales (artículo tercero).

Es decir, el problema de la posición política controvertida entre Fernández y Carreras, que llevó a estos encontronazos, tiene que ver con la mirada que uno y otro le está dando a la cuestión.

Para la mandataria Provincial, esto no son casos aislados entre sí, daños a propiedades que ingresan como delitos comunes según el código penal y una cuestión de seguridad local. Para ella, estamos ante un grupo organizado que no reconoce el Estado provincial, desafía las autoridades y cuyos actos son actos de “terrorismo” y no canaliza sus reclamos por vías institucionales.

Por el contrario, en su posición Fernández demuestra que para él estamos ante hechos aislados, de derecho común y un conflicto que no trasciende lo institucional.

Sin dudas que, más allá de lo político, jurídicamente tiene razón la Gobernadora. Sin perjuicio del reclamo sobre las tierras que lleven a cabo los mapuches y el derecho y la legitimidad o no del mismo, que no es materia de este artículo, lo que ingresa en juego aquí es la institucionalidad por un lado, y la seguridad pública, por el otro. Y al ser una cuestión institucional, no sólo aplica la ley antes referida, sino incluso nuestra constitución nacional en sus artículos quinto y sexto.

La escalada de violencia no es aislada. Cualquier tipo de reclamo se canaliza mediantes las instituciones, a través de los poderes del estado. Cuando el reclamo se desvía de los mismos, con desconocimiento de las autoridades y la legitimidad de estos (sea poder Ejecutivo o Judicial), entonces ya la cuestión deja de ser netamente local, para convertirse en una cuestión federal.  

Máxime, cuando no es una cuestión estricta de una provincia, sino incluso es una cuestión que afecta a varias (ej. Río Negro, Chubut) e incluso puede repercutir en la política exterior (el conflicto también alcanza a Chile) y donde ingresan en juego actividades que pueden repercutir a nivel de aplicación de tratados internacionales.

Cabe concluir entonces que desde el punto de vista jurídico el Presidente erró. Mejor dicho, pretendió justificar una posición política de no intervención, que desde lo legal no tiene anclaje. Solo se explica desde lo político. Su intención no es meterse en el conflicto, o hacerlo muy livianamente.

Lamentablemente esta situación se encuentra en un aumento progresivo que si no se toman medidas firmes a corto plazo, puede generar un conflicto aun mayor, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la Patagonia. Para dentro de poco, puede ser muy tarde.

Desde lo jurídico, esto ya no es una materia netamente provincial. Esto ya se ha convertido en una cuestión de índole federal.

 

Por Damián Torres. Abogado penalista. Diplomado en derecho electoral y constitucional.

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