Una mujer, Victoria Álvarez, fue acusada de haber convenido una remuneración con dos hombres para asesinar a una persona. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso Andrés Azar, requirió que permanezca detenida.

El delito que Azar le atribuyó a la imputada es homicidio doblemente agravado por precio o promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego, todo en carácter de instigadora.

Los hechos ocurrieron el 1 de junio y el 27 de junio, Álvarez acordó con Juan Cruz Cardozo y Maximiliano Rezzonico el pago de una remuneración para terminar con la vida de un hombre, quien al momento de concretarse el homicidio no fue finalmente quien recibió la agresión. El día del hecho, los dos hombres se trasladaron en una moto y efectuaron al menos 8 disparos contra un grupo de personas entre las que se encontraba Damián Antiñir, que recibió tres impactos de bala y murió en el lugar.

El fiscal que estuvo acompañado por la asistente letrada Lucrecia Sola, requirió durante la audiencia, que se imponga prisión preventiva para la imputada por cuatro meses y subsidiariamente, que se fije prisión domiciliaria. El pedido fue fundamentado en la existencia de peligro procesal de riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Luego de escuchar a las partes, el juez a cargo de la audiencia hizo lugar a la formulación de cargos en los términos requeridos por los representantes de la fiscalía. En relación a la medida de coerción, el magistrado fijó prisión domiciliaria por cuatro meses y el miso plazo para que la fiscalía concluya la investigación.

El caso tiene otros dos imputados Cardozo y Rezzonico que, en una audiencia de formulación de cargos previa, fueron acusados como autores materiales del homicidio de Damián Antiñir. En aquella audiencia además, se decidió que permanezcan detenidos con prisión preventiva por cuatro meses.

Álvarez había sido acusada anteriormente junto a Cardozo y Rezzonico por el mismo delito que hoy pero, en esa audiencia, el juez de garantías que intervino resolvió atribuirle otra calificación legal. La decisión fue posteriormente revocada por un tribunal de impugnación, tras lo cual la fiscalía volvió a requerir que se formulen los cargos.