Murió en una operación lumbar, los médicos y la familia acordaron una reparación económica pero la fiscalía se opuso

El fiscal del caso Luciano Garrido y la adjunta Daniela Martínez se opusieron a la solicitud del pedido de las defensas particulares y la querella representante de la familia de un hombre que murió tras ser intervenido en una operación lumbar en el hospital Francisco López Lima, en agosto de 2018.

Los profesionales y los familiares habían acordado su intención de que la justicia pudiera dictar el sobreseimiento de los tres profesionales de la salud imputados tras celebrarse un acuerdo privado de reparación económica.

“La fiscalía, en este marco de la audiencia de control de acusación, entiende que este caso es para concretar un juicio, que contando con toda la prueba producida y reunida hasta este momento se llegaría a un veredicto condenatorio”, explicó Garrido.

“Además nos oponemos porque la condición de los médicos que desempeñan funciones en el hospital público, se asimila a la de un funcionario público, tal como lo establece el Código Penal. El Superior Tribunal de Justicia fijó un precedente donde entendió que por dicha condición no se puede aplicar un criterio de oportunidad por el Artículo 96 del Código de Procedimiento Penal, que expresamente dispone que esa alternativa de resolución de conflictos no es aplicable a funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, expresó el fiscal del caso.

Así las cosas, el juez Daniel Tobares dará a conocer su resolución respecto de si se aplica o no el criterio de oportunidad el próximo lunes 2 de marzo a las 10 en los Tribunales de Roca.

El caso

El hecho ocurrió en agosto de 2018, cuando dos neurocirujanos y un anestesista “por negligencia, impericia en su arte o profesión e inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causaron la muerte de un señor luego de una intervención quirúrgica de columna lumbar practicada en el Hospital público de Roca. El fallecimiento tuvo origen en un shock hipovolémico hemorrágico refractario el cual derivó en un fallo multiorgánico”. La calificación legal por la cual fueron imputados los tres profesionales es la de homicidio culposo (Ministerio Público Fiscal)