La Cooperativa 1º de Mayo cuestionó intimación del municipio por un matafuego vencido

El municipio reclamó mediante una carta documento el pago adeudado de una multa por un valor de 6 mil pesos, y eso motivó la “preocupación” de los trabajadores del aserradero Cooperativa 1° de Mayo ya que, según señalan, el hecho podría formar parte de una serie de presiones que sufren para ceder las tierras que ocupa la empresa, en Ruta Chica. 

Los trabajadores detallaron que recibieron una intimación de la Municipalidad de Roca, en la que reclaman una deuda de poco más de seis mil pesos generada en el año 2017.

¿El motivo? Se labró un acta en una inspección porque uno de los doce matafuegos tenía la carga vencida. 

“Los trabajadores temen que la intimación firmada por la licenciada Laura Tappata se inscriba en el marco de las presiones que ejercen operadores inmobiliarios para hacerse de las tierras que ocupa la fábrica recuperada en la ruta chica, en el acceso a la ciudad de Roca” señalaron.

“El inconveniente con el matafuego no sólo fue solucionado en ese momento, sino que se presentó un informe de seguridad e higiene firmado por un profesional matriculado” explicaron respecto al incidente.

Antecedentes en el aserradero cooperativo 

En un comunicado los trabajadores cooperativistas detallaron como antecedente que “el Juzgado Civil N°1 de Roca, el pasado 7 de mayo de 2019, dictó una sentencia favorable a los trabajadores del aserradero, rechazando el pedido de desalojo impulsado por un particular, que aparece como comprador del inmueble, con posterioridad al abandono de la producción por parte de la empresa original. El fallo señala que “surge claro de las constancias obrantes en la causa que las defensas articuladas por la demandada Cooperativa Primero de Mayo, excede el marco del proceso de desalojo, pues, se han planteado excepciones de falta de legitimación pasiva y activa, y también una cuestión referente a expropiación y recuperación de empresas en crisis, todas estas cuestiones que deberán ser planteadas, analizadas y acreditadas en un proceso ordinario, con mayor amplitud probatoria.”

"El juicio de desalojo es un procedimiento sólo apto para obtener la restitución de un inmueble, lo que significa que el actor debe tener derechos a exigirla, y el demandado debe encontrarse en la obligación de cumplir con ello. Tal cosa no ocurre cuando el accionante, por más que haya celebrado escritura, no se le hizo tradición del inmueble (art. 577 C.C.)...", se planteó en esa instancia judicial.

Por otro lado, desde la Cooperativa insisten en exigir al gobernador Alberto Weretilneck para que cumpla con la ley de expropiación aprobada en el 2015, que declaró de utilidad pública las tierras y maquinarias de lo que fuera la empresa Embalajes. La firma cerró en el 2010 y desde entonces funcionó en manos de sus trabajadores, bajo el formato de fábrica recuperada ‘Cooperativa de trabajo 1 de Mayo Ltda’.