Ordenaron desalojar un terreno en cerro Ventana y retornarlo a su dueño

El juez de Garantías de Bariloche, Sergio Pichetto, aceptó esta semana la formulación de cargos que presentó la Fiscalía contra nueve personas acusadas por usurpar un predio en disputa entre un privado e integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo y otorgó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, ordenó el desalojo de las tierras ubicadas al pie del cerro Ventana. De acuerdo a lo consignado por el medio El Cordillerano, si los ocupantes "no se retiran voluntariamente, el desalojo será compulsivo, dentro de las 72 horas posteriores a que la resolución quede firme. La defensa, se reservó el derecho de impugnar".

Los fiscales Martín Lozada, Gerardo Miranda e Inti Isla, formularon cargos por el delito de usurpación contra Ramiro Buenuleo (43), Rosa Buenuleo (37), Lucas Dinamarca (22), Sandra Ferman (33), Nahuel Maliqueo (18), Mauro Millan (49), Nicolás Quijada (18) y Claudio Raile (34). La acusación describió los elementos probatorios reunidos a la actualidad y solicitó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, pidieron el desalojo de la tierra y la restitución al denunciante. Lee acá la noticia completa https://bit.ly/2kjzSnV 

En su alocución, los fiscales destacaron que “los derechos no se toman por asalto” y que todos los intentos por mediar y lograr una solución pacífica habían fracasado, pero que además los acusados no habían respetado acuerdos verbales y luego de las entrevistas mantenidas, continuaron ingresando materiales de construcción y elementos a la propiedad en disputa, construyendo un pequeño refugio para las personas que allí estaban.

El hecho según la versión acusatoria ocurrió el 10 de septiembre por la mañana, cuando Ramiro Buenuleo ingresó al predio a bordo de una camioneta Ford F-100 y por otros accesos entraron al predio el resto de los mencionados, dirigiéndose directamente al lugar en el que el privado había construido una vivienda.

Para el fiscal Miranda, se acreditó la violencia desplegada por los imputados a partir de ingresar en gran número a la propiedad y lo hicieron en clandestinidad.

Según describió, el ya fallecido Antonio Buenuleo había firmado en 2001 un boleto de compra y venta con Claudio Thiek, quien a su vez, en el año 2009, le vendió a Friedrich. Para documentar todo, el propio Buenuleo concurrió a una escribanía a certificar su firma.

La abogada Laura Zannoni, representante de Friedrich, acompañó la descripción del hecho realizado por la Fiscalía y afirmó que era su intención dialogar. Al mismo tiempo, ofreció testigos para confirmar que su asistido llevaba varios años en el lugar.

Mauro Millan y Claudio Raile, dos de los acusados, dijeron no pertenecer a la comunidad Buenuleo, pero aseguraron que fueron a acompañar, defendieron la acción como un “acto legítimo y democrático” y aseguraron que ya habían abandonado el sitio.

La defensora particular Natalia Araya realizó una serie de planteos que fueron rechazados. En primer término argumentó la incompetencia de la justicia ordinaria para intervenir, al señalar que el predio en cuestión estaba dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y sería potestad de la justicia Federal investigar el hecho.

Pidió además el sobreseimiento de Millan y Raile, destacó que tenía una teoría distinta del caso que planteó la Fiscalía y señaló que se trataba de tierra recuperada y no usurpada. Explicó que la presencia en la zona de la comunidad Buenuleo está acreditada hace mucho tiempo y enfatizó que no hubo nada clandestino porque se había informado a distintos organismos y comunidades de lo que ocurriría.