Farmacias y una estafa millonaria: Claves para entender la investigación

En el Ministerio Público Fiscal avanza una investigación que busca determinar la responsabilidad de varias farmacias roquenses en una estafa millonaria contra la obra social provincial Ipross.

Aunque por el momento hay  mucho hermetismo respecto a las pruebas de las maniobras ilegales, trascendió que serían 4 las farmacias implicadas en el hecho. La denuncia alcanzaría (además de a los respectivos profesionales farmacéuticos) a un abogado y un contador público.

El ilícito fue denunciado por el propio Colegio de Farmacéuticos de Río Negro y el Ipross confirmó la investigación, y aportó documentación para investigar la presunta defraudación.

Desde el mismo Ipross aclararon que “el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Río Negro data del año 2010 y en su cláusula quinta dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, con las consecuentes responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad”.

La documentación presentada por el Instituto Provincial de Seguro de Salud servirá para determinar si hubo adulteración de facturas.

Según publicó el periodista Hugo Alonso en diario Río Negro la maniobra salió a la luz tras la venta de una farmacia de calle Tucuman en 2018: “Uno de los nuevos propietarios revisó el lugar. Encontró la caja. Le llamó mucho la atención lo que vio y presentó algunas de esas recetas en una reunión de comisión directiva del colegio”, detalló.

A partir de allí se inició un proceso de auditoría que detectó que las irregularidades se extendían a otras farmacias, y en todos los casos se vinculaban a la facturación de medicamentos para afiliados al Ipross con diabetes y epilepsia.

Ipross accionará penalmente

El Ipross ya anticipó que “de comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia la obra social, ésta accionará penalmente contra los responsables”. Además detallaron que “como paso previo al pago periódico de las facturas remitidas por el Colegio de Farmacéuticos, el IPROSS realiza un control basado en el sistema de muestreo, donde se verifica la presentación formal de la documentación”.

En ese sentido aclararon que la presunta adulteración o falsificación de las recetas escapa al ámbito de control de la obra social, y “constituye un delito de acción pública propio del Colegio de Farmacéuticos, y coloca al IPROSS en carácter de víctima del delito denunciado”. (ANR)