Designan un interventor y Edersa deberá mostrar sus números

El juez civil de Cipolletti Federico Corsiglia admitió una medida cautelar solicitada por el inspector de Personas Jurídicas y por el fiscal de Estado de la provincia con el objetivo de acceder a información esencial respecto de la compañía Edersa, que distribuye la energía eléctrica en Río Negro.

La medida se solicita en el contexto de la deuda que Edersa mantiene con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y de las reiteradas negativas por parte de Edersa a entregarle información al Ente Regulador de la Energía (EPRE), organismo que controla la concesión en la provincia.

El inspector de Personas Jurídicas es Agustín Pedro Ríos y el fiscal de Estado es Julián Fernández Eguía.

Debido a la deuda Cammesa advirtió de forma pública, el 8 de abril último, que comenzaría a restringir el abastecimiento de energía en la provincia. La empresa Edersa fue calificada por una resolución de la ex Secretaría de Energía de la Nación como “deudor moroso crónico”.

Al momento de resolver el juez admitió que “conforme al marco normativo y de situación descripto no existe duda acerca del derecho que la actora (Personas Jurídicas y Fiscalía de Estado) posee a obtener la información financiera y contable que entienda pertinente para que, en su carácter de concedente y autoridad de control, pueda determinar con información actualizada y fidedigna los pasos que dentro de su competencia debe seguir a los fines del control de una situación que, como se describe, puede afectar de manera inminente la prestación del servicio público concesionado”.

Recordó además que dentro del contrato firmado entre Edersa y la Provincia el 30 de agosto de 1.996 surge un capítulo denominado “Obligaciones de la Distribuidora”. El artículo 25 expresa que la “distribuidora deberá cumplimentar las siguientes obligaciones (inciso w) poner a disposición del Ente todos los documentos e información necesarios, o que éste le requiera, para verificar el cumplimiento del contrato, de la ley provincial N°2.902, de su decreto reglamentario y de toda norma aplicable”.

Se acreditó en el expediente de la medida cautelar solicitada los reiterados pedidos de información que el EPRE le formuló a Edersa sin mayores resultados e incluso “negando toda competencia a la autoridad provincial para intervenir en la cuestión”, particularmente en la deuda que mantiene con Cammesa.

La última información que Cammesa hizo pública da cuenta de una deuda que ascendía a 2.874.860.877,30 pesos en concepto de “energía integrada a su comercialización que no fue abonada y cuyo saldo deudor supera los dos periodos de facturación”.

Concluyó el magistrado que “la actora tiene facultades suficientes para poder revisar todos los datos e información contable necesaria, de modo tal de poder verificar porqué no se paga la deuda en tiempo y forma, el estado de la misma, la celebración de acuerdos firmados e incumplidos, el estado financiero real de la compañía y todo otro dato que sea atinente al giro comercial y financiero de la misma”.

Afirmó que no puede soslayarse el interés público y que se encuentra en juego “como mínimo” la calidad de prestación de un servicio público como es el suministro eléctrico,“el que, conforme se avizora, de no solucionarse el conflicto para cuyo fin se requiere la información pretendida, podría resultar afectado con carácter inminente”.

Facultades del interventor

La intervención se realizará por un plazo inicial de 60 días que culminará con la elaboración de un informe final. “El interventor veedor tendrá las más amplias facultades para compulsar los libros, actas, toda documentación llevadas por la concesionaria, como así también para solicitar información a la distribuidora o realizar investigaciones que considere convenientes a los fines de dar cumplimiento al objeto encomendado”, dice la resolución. (ANR)