Con salarios y pagos atrasados, sanatorios privados aseguran que están en crisis “límite”

Las clínicas privadas son por estos días escenario de tensión con los trabajadores, particularmente en Cipolletti donde se llevaron adelante protestas por parte de los empleados. La situación también tiene su reflejo en nuestra ciudad y desde el sector privado señalan que “el sector se encuentra totalmente desfinanciado, con caída de los aportes y contribuciones que sustentan el sistema de obras sociales, desvalorización de aranceles y  deterioro en la cadena de pagos”.

Aseguran que están atravesando una “crisis límite” y que en promedio, el aumento de los aranceles a los prestadores de de salud de la región, en el año 2018, no superó el 30% muy por debajo de los aumentos que ellos tuvieron que afrontar.

“Los costos necesarios para la prestación de los servicios, aumentó muy por encima (...). En primer lugar, con aumento de los costos laborales del 40%, una inflación del 48%. Y con rubros específicos y de alto impacto en los costos de las clínicas y sanatorios, como lo son los insumos médicos, medicamentos y materiales, que aumentaron en el orden del 60%. También la carga impositiva aumentó desproporcionadamente. A título de ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, de alta incidencia, un 67%” explicaron desde las clínicas privadas de la región.

Para los privados del sector salud “con aumentos de costos muy por encima de los ingresos, y atrasos significativos en los plazos de pago, intereses a tasas altísimas que impiden recurrir a una asistencia financiera transitoria, los prestadores de salud han llegado a una situación límite, donde la continuidad de las prestaciones médicas a la población ya se encuentra seriamente comprometida” aseguran.

La crítica situación alcanza los atrasos salariales, pero también la demora al pago de proveedores e incluso de obligaciones impositivas. Aseguran que se trata de “una realidad que nos ha sobrepasado”.

Temen por un alto “impacto social” de la crisis

Desde el sector afirman que el panorama augura un “impacto social altísimo”. Y esto es por que en las clínicas y sanatorios tienen una gran cantidad de empleados. Solo en el Alto Valle en forma directa, son unas 2.000 personas y unos 500 profesionales independientes prestan servicios en las mismas.

“Debe sumarse, un número importante de empresas que prestan servicios complementarios, y cuya economía depende de aquellas.Son las entidades que brindan cobertura de salud, tanto nacionales, como PAMI, obras sociales provinciales, obras sociales sindicales y entidades de medicina prepaga quienes se constituyen en la parte financiadora del sistema. En la medida que, desde este sector, se continúe con políticas de aranceles que no están a la altura de los costos de los prestadores, y con plazos de pago excesivos, esta crisis sólo tiene posibilidades de acentuarse” indicaron.

Pero además estiman un grave impacto sanitario: “Los hospitales públicos no podrán dar cabida a los servicios que las clínicas no podrán prestar. Actualmente el 60% de la población tiene cobertura social a través de obras sociales y empresas de medicina prepaga, con atención, casi plena, en instituciones privadas. Y por otro lado, el impacto que, inevitablemente tendrá en el desempleo, con los conflictos sociales que esto acarreará” explicaron. (ANR)