Aguiar logra el sobreseimiento y queda libre de cargos

Luego de dos años, se dictaminó el sobreseimiento total y definitivo de Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. La causa, conocida como la de Contralmirante Cordero, fue llevada adelante por el Fiscal Pezzetta que había solicitado una pena de más de 3 años de prisión.

En el Legajo 599-2017 se le imputaban al dirigente de los estatales los delitos de Atentado a la Autoridad en concurso real con Daño Calificado cometido contra Bienes públicos y Lesiones Leves durante los hechos ocurridos el día 27 de mayo de 2016 mientras los trabajadores protestaban frente a la Municipalidad de Contralmirante Cordero para demandar la reincorporación de numerosos trabajadores despedidos y un aumento salarial.

La abogada defensora de Aguiar y otros tres imputados -Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides- Ailen Roca, fundamentaron el pedido de sobreseimiento que luego fue acompañado por la Fiscal Adjunta Alejandra Altmaira y resuelto en la misma audiencia que se llevó a cabo en la sala 2 de los Tribunales cipoleños por el Juez de Juicio Guilllermo Baquero Lazcano, quien declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento de todos, dejando a salvo el buen nombre y honor de los enjuiciados.

"Estos procesos que se llevaron adelante por las protestas en Contralmirante Cordero fueron una farsa y hay fiscales como Pezzetta que son tan cobardes que se transformaron en una vergüenza para toda la justicia. Pezzetta es un clase media que se cree rico y por eso siempre se pone del lado de los políticos o de los grandes empresarios, usando la ley para castigar a los trabajadores y los pobres. Estamos frente a un nuevo triunfo en la justicia. Se vuelve a demostrar que luchar no es delito. El código penal no se creó para resolver los conflictos sociales. Los fiscales deben ponerse del lado del pueblo, en vez de salir corriendo a defender a los Intendentes, Ministros y gobernadores", dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

Desde ATE se señaló la persecución y criminalización de la protesta social que intentó llevar a cabo la Fiscalía.  E incluso acusaron a los funcionarios judiciales -Pezzetta y Márquez Gauna- de demostrar "parcialidad y obediencia al poder político" y de "imputarle sin pruebas y con declaraciones armadas". (ANR)