Mega banda de entraderas: padre e hijo reconocieron su responsabilidad y fueron condenados

La organización delictiva operaba en Roca, Allen y Cipolletti. En la causa ya hay cuatro sentencias.

Hoy se conoció la condena de otros dos miembros de la mega banda de entraderas que operaba en Roca, Allen y Cipolletti. Padre e hijo reconocieron su responsabilidad y ambos fueron condenados.  

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Tras el pedido de la acusación y las defensas, el Tribunal Colegiado resolvió homologar la pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva y declaración de segunda reincidencia para el mayor. Mientras que para quien tenía 16 años al momento de los hechos se resolvió su declaración de responsabilidad penal y permanecer bajo el régimen del programa de Libertad Asistida de la SENAF.

El imputado de 35 años llegó a la audiencia detenido, ya que la fiscalía solicitó - en la audiencia de formulación de cargos concretada el 13 de noviembre de 2025 – su prisión preventiva.

Hoy reconoció haber sido integrante de la asociación ilícita que actuó en las ciudades de General Roca, Allen y Cipolletti y puntualmente haber cometido cuatro hechos.

 

¿Cómo operaba la banda?

La fiscalía describió el modo de proceder de este grupo de hombres que “definían arribar en uno o dos vehículos que habían sido sustraídos con antelación, irrumpían en las viviendas elegidas de forma violenta por puertas traseras previo escalar paredones y techos, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y atándolas luego con alambres o precintos”.

“Posteriormente les exigían dólares y que develen la ubicación de sus cajas fuerte para sustraer dinero, oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares-. También se llevaban los DVR, dispositivos en los que se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad”, agregó la fiscalía.

 

¿Qué pruebas tenía la fiscalía?

Entre la prueba enumerada durante la audiencia de juicio abreviado de hoy se encuentra la labor concretada por la Comisión Investigativa Judicial de la policía de Rio Negro creada especialmente para esta multiplicidad de casos. La labor de este equipo, integrado por empleados policiales, fue coordinada enteramente por el Ministerio Público.

Otras de las tareas realizadas fue el análisis de las cámaras del servicio del 911 y particulares. La visualización y cotejo de gran cantidad de horas fue corroborada con declaraciones testimoniales, resultados de pericias y la información de los celulares que fueron peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), fortaleciendo el sustento de la acusación. Este organismo dependiente de la Procuración General proporcionó la ubicación de tráfico de las antenas de los celulares de los imputados determinando los diversos lugares donde se cometieron los hechos.

“Se suman las tareas del Gabinete de Criminalística para preservar los lugares donde ocurrieron los hechos, resguardar levantamiento de rastros y muestras odoríficas y de material genético, y realizar los cotegos correspondientes”, enumeró la representante fiscal.

La Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), en tanto, intervino en la asisitencia a todas ellas realizando entrevistas y entregando el correspondiente análisis victimológico.

No menos importante fueron las denuncias penales realizadas por las personas que sufrieron los hechos, las actas de procedimiento de la policía, los croquis ilustrativos, actas de entrevistas a vecinos que llamaron al 911 para dar cuenta de la ocurrencia de algunos de los hechos.

Se cuenta además con resultados positivos de requisas de automóviles y allanamientos con sus correspondientes secuestros, entre ellos un equipo de comunicación de similares características a los utilizados por las fuerzas de seguridad con acceso a 12 frecuencias policiales. Una vez peritado el mismo se concluyó que no formaba parte del patrimonio de la Policía de Rio Negro.

Cabe destacar que continúan vinculados al proceso penal de este legajo fiscal ocho personas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes.

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