Anunciaron la baja de la obra social de los ladrilleros: la CGT de Río Negro anunció medidas
La CGT Regional Alto Valle-Río Negro expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de iniciar el procedimiento para dar de baja la Obra Social del Personal Ladrillero y anunció que acompañará las acciones que impulse el sindicato para defender la cobertura de salud de los trabajadores.
El pronunciamiento se conoció este viernes 30 de octubre, luego de la publicación de la medida en el Boletín Oficial. A través de un comunicado, la central sindical calificó la decisión como un ataque a los derechos laborales y cuestionó sus posibles consecuencias para quienes trabajan en la actividad ladrillera.
Según detalló la CGT, la entidad de salud había sido intervenida hace dos años y ahora el Gobierno resolvió avanzar con el procedimiento para su baja. La organización sostuvo que la medida afecta directamente el acceso a la salud de los trabajadores y sus familias.
En ese contexto, la regional adelantó que llevará adelante acciones junto con la organización sindical que representa a los trabajadores del sector para oponerse a la decisión. Sin embargo, el comunicado no especificó cuáles serán las medidas ni cuándo se realizarán.
La CGT también vinculó la decisión con la política laboral del Gobierno de Javier Milei y cuestionó que se avance sobre una entidad destinada a brindar cobertura médica a los trabajadores.
El pronunciamiento lleva las firmas de Jorge Luis Rodríguez, secretario de Prensa, y Gustavo Sol, secretario general a cargo de la CGT Regional Río Negro. En el cierre, la central sindical reclamó que se garantice el derecho a la protesta y rechazó lo que consideró un avance sobre las libertades democráticas.
La intervención de la obra en 2024
En agosto del 2024, a través de la resolución 1680/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud, el gobierno nacional determinó la intervención de la Obra Social de Ladrilleros (OSPL) y designó, en ese momento, a Jorge Alonso como administrador provisorio.
En esa resolución, se argumentaba que la obra social atravesaba una crítica situación financiera y tenia una deuda prestacional de 1.104 millones de pesos. También afirmaron que no contaba con servicios propios y que la cobertura a sus afiliados era a través de contratos con prestadores.
En otro de los puntos, la resolución hablaba de "uso de bonos que obstaculizaban un acceso adecuado a las prestaciones". Y agregaron: "los monotributistas sociales deben autorizar todas las prestaciones, observándose demoras, perdida de turnos médicos y en definitiva, obstaculización de su cobertura".