ECONOMÍA
Si se miden con el IPC que el Gobierno no quiso aplicar, los salarios registrados cayeron casi el doble
En el transcurso de los últimos años, la economía argentina ha experimentado una serie de vaivenes que han impactado significativamente en varios aspectos del panorama social y económico, siendo uno de los más perjudicados los salarios registrados.
Este término, que se refiere a los sueldos tanto del sector público como privado que quedan registrados formalmente, ha sufrido una considerable depreciación, desencadenando una serie de reacciones tanto en la población como en los ambientes gubernamentales.
En un intento de poner fin a una crisis que parece agravarse diariamente, estaba pautado que a principios del año en curso se implementara una reponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que habría supuesto un cambio determinante en la forma en la que evaluamos y entendemos la inflación y, por ende, el poder adquisitivo real de los trabajadores argentinos. No obstante, este cambio quedó simplemente en el papel, ya que el Gobierno, sin ofrecer mayores detalles, decidió descartar completamente dicha propuesta.
Datos provenientes del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), perteneciente a la CTA, indican una caída del 8,2% en el poder adquisitivo de los salarios registrados desde finales de 2023, contrastando con una recuperación modesta del 1,1% en los últimos meses. Sin embargo, otra hubiera sido la situación si se hubiera empleado el denominado IPC "reponderado", que habría evidenciado un deterioro salarial del 12,9%. Una desproporción que pone de manifiesto la necesidad urgente de revalorizar las políticas salariales y económicas predominantes.
El informe del CIFRA también resalta la desigualdad existente entre los sectores privado y público. En lo que atañe a este último, la caída de la capacidad adquisitiva del salario ha sido discordante entre los organismos y niveles de gobierno, evidenciando un decremento diferente en el ámbito nacional respecto al provincial, algo que según los investigadores, responde a las distintas maneras en que cada uno de estos sectores ha manejado, o intentado mitigar, el ajuste presupuestario establecido.
Además, cabe destacar la alusión al salario de convenio, el cual ha mostrado un patrón de deterioro casi ininterrumpido durante los últimos 18 meses, especialmente afectados tras el llamado ``salto inflacionario" de finales de 2023. No obstante, un rebote del poder adquisitivo pudo observarse antes de volver a descender, empujado por políticas que ciertos sectores de la población catalogan como de "ajustes ciegos", limitados a imponer límites en las paritarias, exacerbando aún más un problema endémico del tejido económico del país.
Por último, el informe también hace foco en la debacle del salario mínimo, vital y móvil. Sorprendentemente, incluso bajo la medición actual del IPC, el retroceso ha sido devastador, alcanzando pérdidas significativas comparado con años anteriores, lo cual ha planteado serios cuestionamientos sobre la eficiencia de las políticas de ajuste y la administración pública general en tiempos de crisis.