LLEGÓ A MÁS DE 57 MIL MILLONES DE DÓLARES
La Justicia cerró definitivamente la causa por el préstamo del FMI durante el gobierno de Macri
La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina ha decidido dejar en archivo, en forma definitiva, la investigación penal relacionada con el trascendental acuerdo Stand By de 2018 firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo, formalizado durante la administración del expresidente Mauricio Macri, alcanzó una suma sin precedentes de 57.100 millones de dólares.
La pesquisa que intentaba desentrañar las aristas del proceso de negociación, suscripción y ejecución del acuerdo con el organismo internacional, había movilizado expedientes durante más de cinco años. Las autoridades judiciales ahora sostienen que la documentación reunida no sustentó la existencia de elementos penales suficientes.
La resolución, firmada por los jueces de Sala I, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostiene firmemente que las irregularidades apuntadas por la fiscalía, como la falta de intervención del Congreso Nacional, no configuran por sí mismas un ilícito penal. En su análisis, enfatizan que el abuso de la autoridad pública requiere una intención manifiesta de violar la norma establecida por la Constitución o las leyes vigentes. En este sentido, el tribunal argumentó que las omisiones y acciones administrativas señaladas no reflejaron tal intención.
Durante la investigación, surgieron acusaciones que señalaban posibles administraciones fraudulentas de los fondos implicados en este acuerdo histórico. Un informe de la SIGEN estimó que este trato podría haber explicado un impacto patrimonial adverso para el Estado de aproximadamente 29.618 millones de dólares. Sin embargo, los jueces asintieron que para probar tal fraude se necesitaría demostrar un alegado daño económico con dolo criminal, una expectativa no cubierta por el material analizado.
La denuncia de malversación de caudales públicos también resonó durante el juicio. Para los jueces, los documentos firmados con el FMI no representaban un mandato financiero específico dentro del derecho interno argentino susceptible de desvio. En su fallo, destacaron que, aunque trascendental a nivel financiero internacional, un potencial incumplimiento de los acuerdos con el FMI no constituye en sí un crimen de malversación.
Por último, la Cámara justificó el archivo del caso al argumentar que, pese a la prolongada y minuciosa investigación, no existieron indicios que permitieran aseverar la implicancia de funcionarios públicos en actividades características de corrupción. El sistema judicial no puede, asienta el fallo, cuestionar la eficacia o éxito de decisiones económicas dentro de su espectro de jurisprundenccia. Tampoco se presentó evidencia que sugiriera ninguna medida especial puede alterar la actual conclusión.