2026-08-25

El Gobierno lanzó el Programa para la Detección y Bloqueo de celulares en las cárceles provinciales

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherirse al programa y las empresas de telefonía tendrán hasta 48 horas para ejecutar los bloqueos.

En un esfuerzo por reforzar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, el Gobierno ha implementado un nuevo Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en las prisiones a nivel nacional. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Seguridad Nacional, tiene como objetivo principal cortar el acceso a la telefonía celular que actualmente permiten que detenidos puedan desempeñar actividades ilícitas desde sus celdas. 

El Plan anunciado vía Boletín Oficial esta semana busca inutilizar los dispositivos móviles dentro de los requisitos perimetrales de las cárceles. La base de esta implementación es tecnológica: a través del uso de sistemas avanzados de monitoreo, permitirá identificar la actividad de los móviles en zonas prohibidas y pedirá su desconexión inmediata a las compañías telefónicas.

Un avance sustancial que lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, quien subrayó que las regulaciones no se aplicarán solo en el Servicio Penitenciario Federal; el sistema está diseñado para poder ser adoptado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de acuerdos específicos con la nación. 

Uno de los pilares de esta medida innovadora es la inclusión del bloqueo de tres componentes vitales de los dispositivos móviles: el IMEI, que es un identificador único del aparato, el IMSI de las tarjetas SIM, y las líneas telefónicas asociadas. De este modo, se elimina la posibilidad de que el simple cambio de una tarjeta SIM permita al dispositivo continuar operativo, cerrando las brechas tecnológicas previamente utilizadas por los internos para suplantar medidas de bloqueos. Las divisiones penitenciarias de cada provincia que opten por sumar apoyo a este plan deberán facilitar sus registros móviles ilegales detectados al centro federal.

La ejecución está diseñada para ser rápida y eficiente, al requerir solo 48 horas para que las empresas de telecomunicaciones desactiven los dispositivos señalados por las entidades penitenciarias. Una medida que apunta a ser preventiva y de acción inmediata aseguran quienes están detrás del desarrollo de este reglamento. Enfocados a asegurar la efectividad del sistema, el procedimiento cuenta con mecanismos estrictos de monitoreo y control, lo cual implica auditorías regulares en los centros penitenciarios además de un monitoreo constante de los equipos de detección.

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