CRISIS
Preocupante situación de los jubilados en Argentina: la mayoría tienen deudas impagas o atrasadas
La realidad económica de los adultos mayores en el país revela un escenario alarmante. El informe realizado por Provincia Microcréditos, perteneciente al grupo Bapro, expone que el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene actualmente deudas activas. Este fenómeno se ha intensificado desde mediados de 2023, afectando a un grupo cada vez mayor, lo que ilustra el crecimiento del endeudamiento entre los jubilados.
Precisamente, más de cuatro millones de jubilados en todo el país están enfrentando dificultades financieras significativas. No solo ha aumentado el número de créditos con saldos pendientes, sino también la morosidad, la incapacidad para afrontar pagos, el uso de ahorros destinados para emergencias y la dependencia de préstamos para cubrir necesidades del día a día. Aún más preocupante es el creciente número que opta por seguir trabajando después de retirarse formalmente del mercado laboral.
El informe indica que la situación es particularmente severa en la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de morosidad ha alcanzado el 18,6%. Este incremento del endeudamiento en los hogares se ve exacerbado por el declive en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Incluso con bonos compensatorios, el poder de compra ha caído notablemente, un 19% menos respecto a noviembre de 2023, lo cual ha afectado duramente el bienestar económico de este grupo demográfico.
Las cifras comparativas con 2022 muestran un incremento preocupante: la proporción de jubilados endeudados avanzada cinco puntos porcentuales. Factor crítico es que los costos de vida relacionados con la tercera edad, como los medicamentos y servicios esenciales, han aumentado a un ritmo superior al de la inflación media en el período reciente. Ello ha mostrado un desgaste aún mayor en el poder de compra más allá de los indicadores generales de inflación.
En suma, datos correspondientes a otros estudios, como el de la consultora EcoGo para el Banco Central, sugieren que cerca de 20,9 millones de personas en el país poseen actualmente algún tipo de línea de crédito activo, de las cuales un considerable número presenta altos niveles de morosidad, persistiendo la tendencia de atrasos prolongados que superan los 90 días.
Las consecuencias de esta crisis crediticia son multidimensionales, requiriendo atención urgente para brindar alivio a una población que ha contribuido durante toda su vida productiva pero ahora enfrenta un contexto financiero desafiante.