2026-07-18
La Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar su prisión domiciliaria
El tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario que buscaba retirar la tobillera electrónica y ampliar las visitas.
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el planteo presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revisara su actual régimen de detención. El tribunal consideró inadmisible la presentación, que solicitaba específicamente el retiro del dispositivo de control electrónico, la ampliación de los días de visitas y la autorización para utilizar los espacios comunes del edificio donde reside.
La resolución de la mayoría se fundamentó en que el recurso no cumplía con los requisitos legales exigidos para habilitar la intervención del máximo tribunal del país. El juez Gustavo Hornos argumentó que la medida cuestionada no constituye una sentencia definitiva y señaló que los abogados defensores no lograron demostrar la existencia de un perjuicio o agravio irreparable para la situación de la imputada.
En sintonía con esta postura, el magistrado Diego Barroetaveña manifestó que los fundamentos de la defensa no evidenciaban una vulneración concreta de los derechos constitucionales. Según su análisis, el escrito se basaba únicamente en desacuerdos subjetivos con los criterios aplicados por las instancias anteriores, las cuales determinaron que las condiciones fijadas son una respuesta lógica y revisable por el juez de la causa.
Por el contrario, el juez Mariano Borinsky emitió un voto en minoría al mostrarse en desacuerdo con sus colegas de tribunal. El magistrado sostuvo que el planteo sí involucraba cuestiones de índole constitucional, advirtiendo que las severas restricciones impuestas sobre la intimidad, el uso de la tobillera y el régimen de visitas diario podrían afectar derechos fundamentales como la privacidad y la igualdad ante la ley.
A partir de este fallo judicial, se mantienen vigentes todas las condiciones de detención domiciliaria impuestas a la ex mandataria desde junio del año pasado. La medida se dictó en el marco de la condena de la causa Vialidad, la cual estableció una pena de seis años de prisión efectiva junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A pesar del revés judicial de esta jornada, los representantes legales de la ex presidenta todavía cuentan con una última instancia legal a nivel nacional. La defensa tiene la posibilidad de recurrir de forma directa ante la máxima autoridad judicial mediante la presentación de un recurso de queja, lo que podría reabrir el debate sobre su situación.
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