ECONOMÍA
Privatización de la Hidrovía Paraná: el Gobierno le puso la firma al polémico contrato
En un contexto de crecientes sospechas y una atmósfera cargada de controversias, la administración del presidente Javier Milei ha implementado uno de los movimientos políticos y económicos más controversiales de su gestión: la resolución definitiva del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, también conocida como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Con el propósito de acelerar la concreción del expediente y mitigar el oscuro ambiente de sospechas en torno a esta licitación, el gobierno nacional culminó la firma del contrato de concesión con la empresa belga Jan De Nul, en alianza con la firma nacional Servimagnus.
Un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Economía resalta esta transición como un hito de "transparencia" histórica, un relato que contrasta fuertemente con las serias acusaciones de irregularidades. Detrás del relato de éxito, algunas voces críticas destacan la existencia de un profundo entramado de favoritismos empresariales y un cuestionado diseño del proceso licitatorio que habría favorecido a estos grupos mandatarios, hoy en la mira judicial.
El gobierno, para calmar las aguas, optó por centrarse en la narrativa de una prometida rebaja del 13,5% en los peajes de la hidrovía como estrategia para desviar la atención de los rumores de irregularidades planteadas por la oposición y sectores industriales. El nuevo operador, Vía Navegable Argentina S.A., lanza promesas de inversión en obras de mejora y modernización tecnológica, elementos que, para muchos expertos, podrían no alcanzar a equilibrar las dudas fundadas sobre el proceso ejecutivo del plan.
Por más que se prometen inversiones en infraestructura y un supuesto incremento en la competitividad de las exportaciones agrarias e industriales, la rapidez inusitada para cerrar la concesión y el respaldo explícito de órganos internacionales no han sido suficientes para el obstruccionismo de quienes perciben esta privatización como un mero arreglo entre poderes.
Aún más relevante resulta el papel del Estado, que ante este nuevo escenario, se compromete a mantener cierto nivel de control fiscalizando operaciones a través de consejos de control. Sin embargo, esta futura supervisión estatal despierta interrogantes frente a un contrato sellado por un plazo extendido de 25 años, dejando a la sociedad en un manto de incertidumbres en torno a quién realmente mantiene la autoridad sobre esta crucial vía navegable para el flujante comercio global que Argentina aspira sostener y fortalecer.
En medio de este debate, al Gobierno le resta cumplir con la promesa de una "superintendencia" donde se incluya la participación de representantes privados y de las provincias costeras. Los críticos señalan que el ala estatal puede quedarse corta a la hora de intervenir en un terreno ya comprometido a largo plazo, lo que en muchos casos dejaría sombras sobre la transparencia y las verdaderas intenciones de este polémico proyecto privatizador.