El colapso del sistema privado empuja a los pacientes con obra social a la guardia del hospital público
El sistema de salud pública en General Roca atraviesa un momento de tensión extrema debido a un fenómeno que excede su propia estructura. La ineficiencia y los recortes de prestaciones en el sector privado están derivando un volumen inédito de pacientes con obra social hacia los pasillos del Hospital Francisco López Lima.
Esta migración forzada, protagonizada en gran medida por jubilados y pensionados afiliados a PAMI que no encuentran respuestas en las clínicas privadas, está generando un colapso palpable en el área de emergencias.
Susana Marezi, máxima autoridad de la institución, graficó la situación con números contundentes. Históricamente, la guardia general manejaba una media de 3.200 ingresos mensuales, pero en la actualidad esa cifra trepó a casi 4.000 pacientes.
Aunque la reciente ampliación de horarios en los centros de salud barriales durante los fines de semana logró absorber con éxito la demanda de quienes no tienen cobertura, ese alivio fue rápidamente eclipsado por la llegada masiva de vecinos que, pese a tener obra social, acuden al siste de salur pública ante la falta de opciones privadas, y por las medidas de suspensión en forma intermitente. Esto se traduce en una recarga operativa que supera el 30 por ciento.
El impacto de este fenómeno no es únicamente en la sala de espera, sino que golpea directamente las finanzas del hospital. Si bien existe un fondo de recupero mediante el cual se factura a las obras sociales por las prestaciones brindadas, el sistema presenta fallas estructurales graves. La directora explicó que el pago de estas obligaciones suele llegar con demoras considerables y con valores que no reflejan los costos reales actuales. En la práctica, esto obliga al hospital a utilizar recursos propios para sostener tratamientos de alta complejidad o medicaciones muy costosas para salvar la vida del paciente, esperando meses para obtener el reintegro.
A este complejo panorama financiero se le suman las limitaciones de infraestructura propias de un edificio antiguo. La capacidad de internación es acotada frente al crecimiento poblacional, un problema que se ve agravado constantemente por la judicialización de ciertos casos. Actualmente, el hospital debe destinar camas de clínica médica para alojar a pacientes por estricta orden judicial, inhabilitando espacios que resultan vitales para oxigenar el flujo de la guardia general.
El desfinanciamiento en salud para un sector hipervulnerable de la población del alto valle pone en jaque los recursos y capacidades de la salud pública, sin horizontes de mejora. Aún así, el Hospital, responde.