Acusan a directivos y profesionales de una clínica por estafar al Ipross con pacientes "fantasma"
Esta mañana, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra las autoridades y parte del equipo profesional del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno - San Cirano S.A., acusados de orquestar una millonaria estafa en perjuicio de la obra social provincial Ipross.
Según la investigación, los implicados llevaron a cabo 21 hechos de defraudación entre noviembre de 2021 y julio de 2023. La mecánica del engaño consistía en simular la atención de pacientes mediante la falsificación sistemática de historias clínicas y planillas de asistencia. De esta manera, incluían de manera ficticia a los afiliados en la modalidad "Hospital de Día", un servicio que el Ipross pagaba con montos superiores por tratarse de un módulo diferenciado y específico, pero que en la práctica nunca era brindado a las personas.
La acusación fiscal apunta directamente a una asociación ilícita dentro de la institución. En la maniobra habrían operado en connivencia la presidenta del establecimiento y su socio —quienes deben responder como coautores de la estafa— junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y una acompañante terapéutica. Estos tres últimos figuran como partícipes necesarios, ya que eran los encargados de completar, firmar y remitir la documentación trucha a la administración para que luego fuera facturada y enviada al Departamento de Rendiciones del Ipross.
Durante la jornada de hoy, el juez de Garantías avaló la imputación de cuatro de estas personas, mientras que en los próximos días se formularán los cargos correspondientes contra un quinto integrante del esquema. La calificación legal fijada es la de "estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública en 21 hechos, en concurso real".
El andamiaje probatorio presentado por la fiscalía resulta contundente y se originó tras una denuncia penal radicada por las propias autoridades del Ipross en mayo de este año. La acusación cuenta con auditorías administrativas internas, órdenes de pago bancarias, un profundo informe técnico contable elaborado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal y registros cruzados con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Ante la contundencia de los elementos expuestos, tanto la defensa pública que asiste a los profesionales como el abogado particular de los directivos del establecimiento decidieron no presentar objeciones a la imputación. Con esta resolución, la Justicia habilitó la apertura formal de la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.