Presunta falsa médica: la jueza declaró incompetente a la Justicia provincial y remitió la causa al fuero federal
La jueza de garantías Natalia González resolvió este jueves declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa contra Mariela Fernanda Marzano y ordenó remitir el expediente al fuero federal, al considerar que la investigación ya no alcanza solamente el presunto ejercicio ilegal de la medicina, sino también posibles delitos vinculados a documentación pública nacional.
La decisión fue comunicada durante una audiencia realizada en tribunales de Roca, donde la magistrada hizo lugar al planteo impulsado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la adjunta Celeste Benatti.
Según expuso González, la presunta obtención de la matrícula médica provincial habría ocurrido mediante el uso de documentos atribuidos a organismos nacionales y universidades públicas, una situación que —de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— habilita la competencia federal.
La jueza repasó distintos antecedentes judiciales y mencionó especialmente un conflicto de competencia resuelto por la Corte Suprema en un caso de características similares, donde se investigaba a una persona que habría obtenido matrícula médica utilizando documentación universitaria presuntamente apócrifa.
“Corresponde hacer lugar a la solicitud fiscal”, sostuvo González al momento de resolver.
Y agregó que debía remitirse “el legajo conjunto con los legajos que existan” al Ministerio Público Fiscal Federal de Roca.
La magistrada también dejó asentado que, si el fuero federal no comparte el criterio adoptado, la cuestión podrá ser discutida en instancias superiores.
Qué sostuvo la Fiscalía
Hasta ahora, la investigación provincial sostenía que en el expediente aparecen bajo sospecha un supuesto título expedido por la Universidad de Los Andes, en Venezuela; una presunta resolución del ministerio de Educación de la Nación vinculada a la convalidación de ese diploma; y una supuesta resolución de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Durante la audiencia previa, Giuffrida había afirmado: “Estos tres documentos que acabo de mencionar son todos falsos”.
Además, la Fiscalía sostuvo que la Universidad de Los Andes informó formalmente que Marzano “no cursó en esa universidad” y que, de acuerdo a informes migratorios incorporados a la causa, no aparecen registros de ingresos de la mujer a Venezuela, país donde aseguraba haberse graduado.
Qué dijo la defensa de Marzano
La defensa encabezada por Oscar Pineda y Pablo Iribarren acompañó de manera subsidiaria el planteo de competencia federal, al sostener que la investigación involucra documentación atribuida a organismos nacionales y títulos universitarios de alcance federal.
Sin embargo, Pineda volvió a cuestionar que todavía no exista formulación de cargos y sostuvo durante la audiencia que la defensa aún no conoce con precisión “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los hechos investigados.
También reclamó nuevamente que se revisen medidas cautelares como la tobillera electrónica y la inhibición de bienes que continúan vigentes sobre Marzano.
Qué puede pasar ahora
Con esta resolución, el expediente será enviado al Ministerio Público Fiscal Federal de Roca, que deberá analizar si acepta o no la competencia planteada por la jueza provincial.
En caso de existir diferencias entre ambos fueros, la discusión podría terminar siendo resuelta por tribunales superiores.
Cómo empezó la causa contra Marzano
La investigación comenzó a partir de una denuncia del ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la documentación con la que Marzano habría obtenido la matrícula profesional.
Con el avance del expediente, la Fiscalía incorporó allanamientos, secuestro de documentación, resguardo de historias clínicas y testimonios de instituciones educativas y médicas. Además, la causa sumó legajos por presunto homicidio culposo vinculados a pacientes que habrían sido atendidos por la mujer.