La Justicia Federal frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha sido el centro de una reciente controversia legal luego de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictara una medida suspendiendo parcialmente el plan de reorganización previsto por el Gobierno Nacional. Este fallo se produce tras una acción legal iniciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en respuesta a la Resolución 42/2026 que buscaba cerrar cientos de áreas y servicios del instituto.
La resolución judicial, emitida por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, pone un alto temporario a cualquier acción que implique despidos, reasignación de funciones, cambios en la estructura organizativa o desplazamiento de equipos técnicos del INTI. Esta medida cautelar se extenderá inicialmente por seis meses, mientras el tribunal prosigue con un análisis detallado de la situación y evalúa el destino a largo plazo del establecimiento.
Un aspecto fundamental de este fallo es su énfasis en la protección del empleo dentro del instituto. El magistrado demandó que el INTI conserve los puestos de sus trabajadores, asegurando que las categorías laborales, salarios y condiciones establecidas hasta el 14 de abril de 2026, permanezcan intactas. Este elemento de la orden judicial ha sido festejado por ATE, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, expresó su satisfacción por una decisión que previene el "desmantelamiento del organismo" y se opone "a los despidos masivos".
Por otra parte, la logística interna del INTI no constituye el único aspecto defendido por la reciente decisión judicial. El fallo también protege la continuidad de programas esenciales de asistencia técnica y transferencias tecnológicas del instituto, que son de importancia vital para distintos sectores productivos del ámbito industrial y tecnológico.
La mencionada Resolución 42/2026, emitida originalmente el 16 de abril, defendía el cierre de varios servicios bajo la premisa de que estos presentaban una demanda limitada o podían ser abordados por empresas privadas. Desde el Gobierno, se aclaró que tales medidas, orientadas a una pretensión de "optimización de recursos", no buscaban más que mejorar el funcionamiento organizativo del INTI sin impactar áreas críticas. Con este nuevo fallo, la efectividad de dichos cambios queda parcialmente en pausa, asegurando que, por el momento, el esquema actual de operaciones del INTI siga en marcha mientras continúa la revisión judicial.