Transportistas denuncian que el Gobierno les debe $27.000 millones por pasajes a personas con discapacidad
El reciente retiro de financiamiento para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, implementado por el Gobierno, ha desencadenado una controversia de gran envergadura. Según ha señalado la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (CELADI), la administración del presidente Javier Milei acumula una deuda crítica, que ha escalado a la asombrosa suma de $27.000 millones.
Este impasse ya ha tenido un impacto significativo en el ámbito judicial, dado que el conflicto fue formalmente trasladado frente a los tribunales hace más de un año. En una declaración oficial, los representantes de CELADI indicaron que el último abono registrado por parte del Gobierno fue realizado en noviembre del año 2024, enfatizando la gravedad de la deuda acumulada hasta la fecha.
La resolución del Ministerio a cargo de la Secretaría de Transporte, identificada como número 28/2026, suscitó revuelo al cancelar el esquema habitual de compensaciones financieras. Estas estaban destinadas a las empresas que proveen de pasajes gratuitos a individuos en cumplimiento con los requerimientos establecidos por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.
Desde el lado empresarial, se alza la crítica señalando que esta decisión se ejecutó en pleno desarrollo de una pugna legal y en un entorno ya permeado por reiterados incumplimientos estatales. De acuerdo a la declaración difundida, las empresas siguen cumpliendo con la entrega de los pasajes beneficiarios, a pesar de que el Estado cesó con los pagos de las compensaciones hace más de doce meses.
Los líderes de CELADI han advertido además sobre las consecuencias de la desregulación sufrida por el transporte de larga distancia bajo el Decreto 883/24, que quitó el carácter público a dicho servicio. Esta desregulación no solo ha dejado a las empresas sin respaldo estatal, sino que las mantiene acorraladas por la necesidad de absorber costos que históricamente eran subvencionados por los fondos nacionales. Mientras tanto, prosiguen honrando sus compromisos al facilitar cada año más de 1,5 millones de pasajes sin costo.
El conflicto adquirió nuevos niveles de complejidad y tensión el 18 de mayo, cuando célebremente el Juzgado Federal tomó la determinación de reconocer el incumplimiento por parte del Gobierno nacional. Este fallo ha dado lugar a una inicial liquidación de deuda que asciende a $8.753 millones, abarcando específicamente el período que va de noviembre de 2024 a abril de 2025.