PASÓ AL SENADO
El oficialismo logró la media sanción del proyecto de ley Hojarasca
En una jornada cargada de tensión y expectativas, la Cámara de Diputados aprobó la polémica Ley Hojarasca con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Este proyecto, impulsado por el oficialismo, tiene como objetivo derogar cerca de 60 leyes consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución, según la Casa Rosada. Ahora, la iniciativa pasará al Senado para continuar su proceso legislativo.
La propuesta ha generado un intenso debate tanto dentro de la cámara como en la opinión pública. Entre las leyes que se busca derogar se encuentran medidas que en su momento tuvieron una fuerte incidencia, pero que ahora son consideradas anacrónicas, como la autorización para emisiones de televisión a color o el uso de la microfilmación para documentos gubernamentales. "Es necesario simplificar nuestro sistema legal para facilitar la vida ciudadana y reducir la intervención estatal", argumentó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la medida.
El debate en la Cámara de Diputados fue acalorado. El libertario Bertie Benegas Lynch, fervoroso defensor del proyecto, criticó lo que consideró un exceso de regulación que solo complica la vida de los ciudadanos. "Tenemos que dejar de creer que ser legisladores es para controlar y gravar cada paso del individuo", señaló durante su intervención. Por su parte, el oficialista Santiago Santurio subrayó que estas leyes "asfixian a los argentinos" y abogó por un modelo de país donde el Estado reduzca su intrusión en la vida personal.
No todos estuvieron de acuerdo con la propuesta. La diputada "lilita" Mónica Frade y su grupo votaron en contra, expresando su preocupación por los posibles efectos negativos de desregularizar sectores sin un análisis detenido. Por otro lado, el interbloque Unidos, dirigido por Gisela Scaglia, optó por la abstención, sugiriendo que algunas reformas eran necesarias, pero que el proyecto requería un debate más pormenorizado.
La ley Hojarasca ha abierto una discusión sobre el papel del Estado y hasta qué punto debe intervenir en la regulación social. Mientras unos celebran la iniciativa como un paso hacia un gobierno menos invasivo, otros temen que esta simplificación pueda conducir a carencias en la protección de derechos fundamentales. El Senado tendrá ahora la tarea de proseguir con el análisis y determinar si efectivamente esta nueva medida debe convertirse en ley.