COMPLICADOS
Hidrovía: realizaron una nueva denuncia penal contra funcionarios del Gobierno y empresarios
La Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los proyectos fluviales más importantes de Argentina y región, ha entrado nuevamente en el ojo de la tormenta. Una reciente denuncia penal presentada en los tribunales de Comodoro Py demanda una investigación exhaustiva sobre presuntas maniobras de direccionamiento en su licitación pública.
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático ha elevado una denuncia que involucra a importantes funcionarios del gobierno y empresarios del sector, señalando graves irregularidades que podrían culminar en un daño económico sustancial para el país.
Según lo expuesto en la denuncia, Santiago Caputo y Luis Caputo, junto con Gastón Benvenuto e Iñaki Arreseygor, son señalados como figuras clave en una supuesta trama de fraude y asociación ilícita que rodea el proceso licitatorio de la Hidrovía. El documento sugiere una “defraudación sistemática” y llama a investigar delitos de índole grave, como el fraude a la administración pública y la malversación de caudales públicos.
La pieza central de estas acusaciones es la elaboración de un pliego “a medida” para favorecer las aspiraciones de la empresa Jan De Nul, la actual concesionaria de las tareas de dragado. Según los acusadores, las condiciones impuestas, como la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, configuran un cerco técnico diseñado específicamente para desalentar la competencia, dejando a Jan De Nul como el único oferente viable.
Otra arista crítica del conflicto radica en el esquema de cobro de peajes propuesto. De acuerdo con la denuncia, el nuevo esquema implicaría que un concesionario privado abra la puerta a un flujo monetario continuo de 500 millones de dólares anuales, procedentes directamente de la recaudación de peajes. Esta lógica despertaría preocupaciones sobre la pérdida de control por parte del Estado y su influencia sobre una ruta crucial para el despacho de bienes nacionales.
La controversia no solo gira en torno a cifras e infraestructuras, sino también a potenciales desarreglos internos en el aparato estatal. Las acusaciones mencionan “reuniones informales” y una “purga silenciosa” de técnicos en el subsector de Puertos y Vías Navegables, supuestamente para allanar el camino a nuevos intereses.
La Fundación ha solicitado una medida cautelar para detener el proceso licitatorio hasta que se realicen profundas auditorías sobre los pliegos, buscando transparencia y resguardando el interés público.