Continúa el conflicto en IUPA: del escándalo en la sesión a denuncias penales por delitos graves
El conflicto institucional en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sumó un nuevo capítulo con la presentación de denuncias penales contra manifestantes por los hechos ocurridos durante la sesión del Consejo Superior del pasado 30 de marzo.
Según indicó el representante legal de la lista oficialista, Oscar Pineda, las acusaciones incluyen delitos como privación ilegítima de la libertad, coacción y amenazas agravadas. Las denuncias fueron impulsadas por personas que aseguran haber sido afectadas durante los episodios de tensión registrados en esa jornada, en la que hubo empujones, forcejeos e intervención policial.
“En esas denuncias que se hicieron, particulares que fueron afectadas por amenazas, por lesiones o privación ilegítima de libertad, nos vamos a presentar como querellantes y vamos a llevar la causa adelante”, explicó Pineda en diálogo con Somos El Valle.
El abogado sostuvo además que algunas de las situaciones denunciadas involucran a mujeres, incluso embarazadas, lo que - según planteó - podría constituir un agravante en el marco de violencia de género. También indicó que las personas señaladas fueron individualizadas y que algunas pertenecerían a agrupaciones políticas, mientras que otras no tendrían afiliación clara, algo que deberá determinarse en la investigación judicial.
En paralelo, adelantó que solicitarán medidas de restricción de acercamiento de al menos 100 metros para evitar nuevos episodios de amenazas o situaciones de violencia.
Este nuevo escenario judicial se da en medio de un conflicto que se arrastra desde las elecciones del 15 y 16 de marzo para conformar el Consejo Superior del IUPA, en el marco del proceso de normalización de la institución. Sectores del claustro estudiantil, docente y no docente denunciaron presuntas irregularidades y acusaron a la lista oficialista y al rector normalizador, Gerardo Blanes, de haber incurrido en fraude.
Entre los cuestionamientos, señalaron problemas en el reglamento electoral, en la conformación del padrón y en la organización de la votación. También apuntaron a votos provenientes de sedes del interior que —según afirmaron— habrían llegado sin fiscalización y en condiciones que calificaron como irregulares.
Por su parte, Blanes rechazó las acusaciones, defendió la legitimidad del proceso y sostuvo que el resultado fue “legítimo y amplio”, además de remarcar el peso territorial del instituto.
El punto más álgido del conflicto se registró el 30 de marzo, durante la sesión del Consejo Superior que se realizó en el hotel de Fundación Cultural Patagonia. En ese contexto, estudiantes, docentes y no docentes que cuestionan el proceso electoral se manifestaron en el lugar y se produjeron cruces, empujones y forcejeos. En uno de los episodios que quedó registrado, un trabajador de seguridad privada terminó en el suelo, mientras que también se denunciaron agresiones a un estudiante y al docente y consejero electo Nicolás Martínez.
Desde sectores opositores denunciaron además que no se permitió el ingreso de todos los consejeros electos, lo que —según sostienen— invalida lo actuado en esa sesión. Indicaron que el cambio de sede fue comunicado con demora y que no se garantizó la participación plena del cuerpo. En esa línea, afirmaron que posteriormente se firmó un acta que dejó sin efecto lo actuado y reclamaron que se reprograme la sesión.
Pese a los cuestionamientos, durante esa jornada se avanzó en la conformación del Consejo Superior, integrado por 23 miembros, y Blanes se proclamó como rector.
Mientras tanto, desde el sector estudiantil, docente y no docente continúan las movilizaciones y presentaciones judiciales por las presuntas irregularidades en el proceso electoral. La disputa también se trasladó al ámbito judicial por la discusión sobre la competencia, ya que la causa pasó por el fuero federal —que se declaró incompetente— y previamente la Justicia provincial había sostenido una postura similar.
Esta mañana, los sectores críticos volvieron a manifestarse y participaron en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, donde señalaron contar con el acompañamiento de la comunidad universitaria. Además, declararon la emergencia en infraestructura y solicitaron la renuncia de directores de departamento.
El conflicto, que ya lleva varios meses, continúa escalando tanto en el plano institucional como en el judicial, sin una resolución a la vista.