2026-04-10

INVESTIGACIÓN

Caso ANDIS: piden nuevas indagatorias para Diego Spagnuolo y más de 20 empresarios

Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones de pesos del Estado.

En un nuevo capítulo de la investigación que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi solicitó nuevas indagatorias para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios adicionales. Este grupo está bajo la lupa por su presunta implicación en maniobras delictivas relacionadas con la provisión de insumos médicos de alto costo.

No es la primera vez que ANDIS se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud, pero esta causa ya cuenta con 19 procesados y promete revelar aún más detalles sobre las intrincadas redes de corrupción que presuntamente operan en el organismo.

El proceso judicial se centra en un esquema sofisticado, en el que funcionarios y empresarios habrían conspirado para realizar compras direccionadas de dispositivos médicos como parte de un programa destinado a los sectores más vulnerables, el Programa Incluir Salud.

Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, se habrían desviado recursos estatales por más de $75.478 millones, poniendo en jaque la finalidad social que debería perseguir la ANDIS. Este programa, que busca suplir la falta de cobertura médica a personas discapacitadas o con enfermedades crónicas, fue transformado, en las acusaciones de la fiscalía, en un canal para el desvío sistemático de fondos hacia selectos proveedores a cambio de sobornos.

Los materiales involucrados incluyen prótesis, dispositivos para amputaciones, implantes cocleares, entre otros productos de suma importancia para cirugías complejas. Sin embargo, en vez de beneficiar a los destinatarios en situación de vulnerabilidad, se alega que estos millones financiaron pactos clandestinos, privando tanto al Estado como a los pacientes de los beneficios prometidos. Además, las investigaciones han puesto en descubierto prácticas, como la manipulación de procesos de licitación para favorecer a determinadas firmas, afianzando el ciclo de corrupción dentro de la ANDIS.

El aparato de corrupción revela un lado mucho más oscuro del sistema de salud pública en Argentina. Los acusados utilizaron su posición para determinar arbitrariamente seleccionados adjudicatarios, manipular precios, incluso contratar o despedir personal bajo criterios de lealtad al esquema fraudulento antes que a cualquier beneficio a los intereses públicos. Esta brecha impacta directamente en la imagen y calidad del sistema de salud.

El fiscal Picardi sigue avanzando en la investigación que ahora se extiende no solo a otros individuos y empresas, sino también al circuito financiero que podría estar justificando estos desvíos de dinero mediante prácticas de lavado de activos. En respuesta a la envergadura y complejidad del caso, Picardi cuenta con el respaldo de diversas áreas de la Procuración General de la Nación, reforzando la estructura que respalda esta crucial investigación anticorrupción.

El andamiaje de sobornos, licitaciones amañadas y corrupción generada por los hechos que involucran a la ANDIS y el Programa Incluir Salud, desnudan la crisis de gestión pública y transparencia que enfrenta el país en un sector tan esencial como la salud, dejando a los más vulnerables en una espera incierta por justicia y restitución de sus derechos a una atención digna.

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