¿En qué consiste la reforma arancelaria que piden los abogados rionegrinos?
El ejercicio de la abogacía en Río Negro se rige actualmente por la Ley 2212, una normativa que data de 1987. Después de casi cuatro décadas, los profesionales del derecho consideran que el desfasaje con la realidad judicial es insostenible. En este contexto, el presidente del Colegio de Abogacía de Viedma, Gastón Suracce, brindó detalles en el programa "Tocá Madera" (Radio Noticias 105.5 Mhz) sobre el ambicioso proyecto de reforma que busca adaptar la profesión a los tiempos que corren.
El principal argumento de los colegios de Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti es la falta de correspondencia entre la ley vigente y los códigos de procedimiento modernos. "En la última década, los fueros de Familia, Laboral y Civil sufrieron cambios sustanciales, se introdujeron nuevas etapas y procesos que hoy no tienen un reflejo claro en la ley de aranceles", explicó Suracce. El proyecto busca que cada paso procesal esté debidamente regulado para evitar vacíos legales.
Uno de los puntos que más interés despierta es el cambio en la unidad de medida de los honorarios, denominada JUS. Actualmente, un JUS equivale al 1% del salario de un juez de primera instancia con 10 años de antigüedad (aproximadamente $78.000).
La reforma propone elevar esa vara: que el 1% se calcule sobre el sueldo de un juez de Cámara. Esto llevaría el valor de la unidad a unos $87.000 aproximadamente. Suracce aclaró que no se busca un incremento desmedido, sino una "mejora razonable" que dignifique el trabajo profesional frente a la responsabilidad que conlleva
Un aspecto que suele generar fricción es la regulación de honorarios por debajo de lo que estipula la ley. El proyecto ratifica que la norma es de orden público. "La norma establece que el incumplimiento hará incurrir en una infracción al juez. No tiene un sentido persecutorio, sino el de dar un sentido claro para que no haya dudas de que los mínimos legales se deben respetar sin excepciones", enfatizó el titular del Colegio viedmense.
El texto fue finalizado a principios de este 2026 y ya descansa en las comisiones de la Legislatura rionegrina. Desde los colegios profesionales esperan un debate profundo que incluya a todas las voces del sistema.
"Para que la norma tenga el mejor impacto operativo es importante la opinión de los legisladores, pero también la del Poder Judicial, que es quien finalmente la aplicará", concluyó Suracce, apostando a que el consenso permita modernizar una herramienta vital para el equilibrio del sistema de justicia provincial.