POR PRIMERA VEZ
La jubilación mínima más el bono quedarán por debajo de la línea de la pobreza en abril
La situación económica de los jubilados en Argentina ha llegado a un punto crítico. En abril de 2026, por primera vez, los ingresos de quienes perciben la jubilación mínima, incluso sumando el bono de refuerzo, no alcanzan para superar la línea de pobreza. Este escenario ha generado preocupación y ha puesto en evidencia las carencias del sistema previsional del país.
Según las últimas resoluciones del gobierno de Javier Milei, la jubilación mínima se establecerá en 380.319,31 pesos. Sin embargo, cuando sumamos el bono adicional de 70 mil pesos, que ha permanecido sin cambio desde hace más de dos años, los ingresos totales son de 450.319,31 pesos. Esta cifra queda por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha calculado en 452.321 pesos para no caer en la pobreza.
La situación se agrava si se compara con la Canasta Básica de los Jubilados, que refleja de manera más precisa las necesidades específicas de la tercera edad. Elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, esta canasta ascendió a 1.824.682 pesos en marzo, lo que significa que la jubilación mínima más el bono cubren únicamente el 24,67% de estos requerimientos.
El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial las Resoluciones 74/2026 y 79/2026, que determinan la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses. Además, se fijaron las nuevas bases imponibles para contribuciones, la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor en montos que parecen alejados de las necesidades reales de los beneficiarios.
Las repercusiones del congelamiento del bono son significativas, ya que su valor original se ha visto disminuido mes a mes debido a la persistente inflación. Esto implica que muchos jubilados, que antes podrían haber superado la pobreza gracias al refuerzo del bono, ahora se encuentran en una situación aún más precaria. A pesar de un ajuste del 2,90% en las asignaciones familiares y la modificación de los límites de ingresos para el cobro de beneficios, el impacto sobre el bienestar de los ciudadanos de mayor edad es evidente y preocupante.