Presentaron una denuncia en la Justicia Federal por las elecciones del IUPA
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia ante la Justicia Federal vinculada al proceso electoral de la institución. La causa quedó radicada en ese fuero luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente por tratarse de una universidad de carácter nacional.
La presentación se da en un contexto de conflicto. Tras las elecciones realizadas días atrás en el IUPA, la junta electoral confirmó los resultados del escrutinio definitivo, mientras sectores opositores firmaron el acta en disconformidad y avanzaron con impugnaciones al proceso.
La denuncia apunta contra el rector normalizador Gerardo Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García.
El escrito fue presentado por Rocío Encina, secretaria general de Adiupa; Marina Cepeda, secretaria general de Sitraiupa; y apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10 Celeste y Blanca.
De acuerdo a la presentación, se describen tres ejes principales. Por un lado, se cuestiona la participación de autoridades en concursos docentes previos a la elección. En ese punto, los denunciantes sostienen que “quienes condujeron el proceso también intervinieron en instancias que derivaron en la adjudicación de cargos”.
Además, plantean que “el padrón electoral fue inflado” con personas sin funciones universitarias y estudiantes de programas que no forman parte de carreras de grado, lo que —afirman— contravendría el estatuto del IUPA.
También señalan irregularidades en la votación proveniente de sedes del interior. Según la denuncia, “las urnas llegaron sin fiscalización, sin firmar y sin condiciones de control por parte de las listas”.
Como parte de la presentación, agregan que “se decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas” y que “todas las impugnaciones fueron rechazadas sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas”.
Ante esta situación, solicitaron a la Justicia Federal el resguardo de las urnas y de la documentación electoral que se encuentra en el edificio, con el objetivo de preservar pruebas antes de la próxima instancia institucional.