El Gobierno designó veedores en la AFA para auditar balances, contratos y movimientos financieros
En una medida que profundiza las tensiones entre el gobierno y el mundo del fútbol, el estado ha decidido la intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta decisión se tomó con el propósito de auditar la vastedad de documentos financieros y contractuales que maneja la institución.
El Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, firmó la resolución tras un pedido expresado por la Inspección General de Justicia (IGJ). El alcance de esta veeduría será de 180 días, período durante el cual se revisarán detenidamente los balances, contratos y actividades financieras que la AFA ha llevado a cabo.
Dos veedores han sido designados para ejecutar esta tarea: el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Estos especialistas tendrán un acceso total a los recursos administrativos y económicos de la AFA, incluyendo todos los libros contables, registros y cualquier documento que pueda esclarecer las actividades de la organización.
Una pieza central de esta auditoría es la revisión minuciosa de los estados contables y financieros que fueron cerrados hasta el 30 de junio de 2025. El análisis también contemplará el cumplimiento de la AFA con sus obligaciones fiscales, como son los impuestos, las contribuciones previsionales y cualquier otro aporte que deba realizar legalmente. Adicionalmente, la documentación relacionada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y diversas relaciones comerciales entrarán bajo escrutinio.
La IGJ ha expresado preocupación sobre la falta de información respecto al ejercicio financiero de 2025 y los procedimientos relacionados con la UNAFA. Además, se han planteado dudas respecto al intento de la AFA de reubicar su sede en la provincia de Buenos Aires, lo cual el organismo considera fue un movimiento "ficticio".
A todo esto, la respuesta de la AFA no se ha hecho esperar. Liderada por Claudio "Chiqui" Tapia, la entidad ha calificado esta medida de irracional y la tacha de "veeduría ilegítima", señalando que todos sus documentos ha sido debidamente presentados y prometiendo impugnar esta decisión por vías legales. La situación pinta un escenario incierto para el futuro de esta organización dentro del fútbol argentino. A pesar de que la veeduría en cuestión no representa una intervención plena, abre una intensa etapa de escrutinio que podría complicar aún más las disputas ya existentes.