Diputada propone que candidatos y funcionarios se hagan exámenes psicológicos obligatorios
La diputada del partido La Libertad Avanza, Mercedes Llano, ha propuesto una iniciativa legislativa que promete ser tanto revolucionaria como polémica. Esta propuesta introduce la realización de un examen de “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional” para candidatos a cargos de elección popular y para las autoridades del Poder Ejecutivo. La motivación detrás de esta evaluación, según los argumentos esgrimidos por Llanos, es asegurar que aquellos individuos que asumirán responsabilidades de liderazgo en el país posean las capacidades emocionales, conductuales y cognitivas requeridas para tales roles importantes.
La diputada destacó la importancia de que estos exámenes se lleven a cabo antes de la postulación de los candidatos o, para aquellos que sean elegidos, antes de asumir sus funciones. Esta medida, según indica, persigue el propósito de "garantizar que quienes guíen los destinos de la nación cuenten con las aptitudes necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal". En el marco de esta propuesta, el concepto de Idoneidad Psicológica Funcional se define como la posesión de aptitudes necesarias para el ejercicio efectivo del mando político y la representación del pueblo.
Una de las características más intrigantes de la propuesta de Llano es la exigencia de que el Presidente y el Vicepresidente de la Nación se sometan a esta evaluación psicológica como un requisito obligatorio antes de oficializar sus candidaturas ante la Justicia Electoral. No sólo ellos, sino también los legisladores nacionales electos tendrán que pasar por este proceso previo a la asunción de sus funciones, destacando así la importancia de la preparación psicológica en quienes ostentarán cargos de alta responsabilidad nacional.
Llano subraya que este tipo de evaluaciones deben ser llevadas a cabo por "organismos especializados, independientes y con la adecuada idoneidad técnica", los cuales serán determinados de acuerdo a la reglamentación vigente. De esta forma, se busca proteger la imparcialidad y la objetividad en la ejecución de las evaluaciones.
Cabe destacar que la propuesta también contempla la privacidad de los resultados de estas evaluaciones. Se establece que los resultados serán estrictamente confidenciales, asegurando que únicamente el resultado final, indicado como "Apto Funcional" o "No Apto Funcional", se comunicará a los entes pertinentes, específicamente la Justicia Electoral y/o el órgano designado, cuidando que no se revelen detalles clínicos ni fundamentos técnicos. Esta precaución busca proteger la privacidad de los candidatos, al tiempo que se asegura el cumplimiento de los requisitos propuestos.