REFORMA LABORAL
Especialistas advierten por las indemnizaciones ajustadas y por los alcances del FAL
En la actualidad, la reforma laboral que se encuentra en tratamiento en el Senado ha generado diversas repercusiones en el ámbito legal y sindical. Abogados especializados en derecho laboral han emitido serias advertencias respecto a las modificaciones propuestas, las cuales podrían resultar en una reducción significativa de las sumas que perciben los trabajadores despedidos en concepto de indemnización. Esta preocupación surge debido a la implementación de límites en el cálculo de dichas indemnizaciones, así como la propuesta de creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según los abogados, si el actual proyecto de ley es sancionado, un trabajador despedido recibiría, en el futuro, una cantidad menor de lo que actualmente está estipulado. Esto obedece, entre otras razones, a que el cálculo de las indemnizaciones se vería afectado por la exclusión de ciertos conceptos que no poseen carácter mensual, como,en el caso del aguinaldo que tradicionalmente se abona cada seis meses. Este cambio en el criterio de cálculo ha suscitado intensos debates y ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una clara interpretación de lo que constituyen los derechos adquiridos.
El trasfondo de esta reforma incide directamente en la dinámica de las negociaciones laborales y plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de los trabajadores. Específicamente, los especialistas señalan que, en su forma propuesta, los derechos laborales se consolidan al momento del despido, y no abarcan derechos previos adquiridos durante el periodo de empleo. Esto significa que, si el proyecto del Ejecutivo se convierte en ley, todos los empleados estarán sujetos a estas nuevas restricciones.
La creación del FAL es otro de los elementos del proyecto que ha despertado resistencia ya no sólo entre los abogados laboralistas, sino también dentro de los sindicatos que agrupan a los trabajadores. La senadora Patricia Bullrich, en recientes comentarios a medios, destacó que la creación de este fondo podría haber enfrentado una oposición más férrea, de no ser porque el debate se ha centrado principalmente en las licencias por enfermedad, otro elemento polémico del paquete de reformas.
Por su parte, destacados representantes de la Confederación General del Trabajo han criticado la estrategia del Gobierno de utilizar fondos públicos de la seguridad social para financiar los despidos en el sector privado. Argumentan que, si bien existe un sentido en crear un fondo para respaldar despidos debido a cambios tecnológicos u otras razones económicas, debe respetarse la lógica constitucional que recae en la responsabilidad del empleador cuando los despidos carecen de justificación.
Los abogados coinciden en que la protección frente a despidos arbitrarios ha sido siempre una piedra angular del derecho laboral en el país. Un despido injustificado, según alerta el artículo catorce bis de la Constitución Nacional, debería implicar sanciones que disuadan a los empleadores de tomar decisiones que vulneren los derechos de los trabajadores. La preocupación es que, bajo la nueva legislación, estas garantías se diluyan en favor de medidas que podrían facilitar la desvinculación laboral sin justa causa.