Defensores públicos de menores se oponen al proyecto del Gobierno que baja la edad de punibilidad

En los últimos días, ha surgido una controversia significativa a nivel nacional tras la presentación del Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil en el Congreso. Esta iniciativa, que propone la baja en la edad de punibilidad, ha enfrentado una firme oposición de organismos de defensa pública. Estos defensores apuntan a la necesidad de un debate transparente, basado en datos sólidos y estándares internacionales de derechos humanos.

La postura crítica ha sido encabezada por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina junto a la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA). En un comunicado conjunto, ambos organismos calificaron la iniciativa como innecesaria e incluso perjudicial. Subrayaron la posible inconstitucionalidad del proyecto y llamaron al Gobierno y a los legisladores a reconsiderar su postura.

Uno de los argumentos clave contra la baja de la edad de punibilidad es el impacto adverso que la privación de libertad tiene sobre el desarrollo emocional y psicológico de los adolescentes. Según los defensores, encarcelar a jóvenes en un sistema punitivo podría empeorar su situación, promoviendo identidades negativas y ciclos de violencia que amenazan más que resuelven.

Además, ambas organizaciones solicitan abrir un espacio de discusión inclusiva que respete los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en favor de los derechos de la infancia. En este sentido, destacan las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que aconseja evitar medidas judiciales severas contra menores y propiciar en su lugar opciones alternativas que prioricen el bien superior del niño.

Sobre la perspectiva estadística, los defensores aportaron cifras para respaldar su postura. En las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentran casi el 90% de los actos delictivos cometidos por adolescentes. Sin embargo, enfatizan que estos representan una porción muy pequeña del total de delitos, con crimes graves como homicidio siendo extremadamente raros en menores de 16 años. Este panorama refuerza la argumentación a favor de mantener la edad de punibilidad en los niveles actuales y enfocarse en políticas integrales de prevención.