Caso Solano II: la fiscalía insistió en la culpabilidad de los imputados y la defensa cuestionó las pruebas
Hace instantes, terminó la jornada de alegatos de clausura en el segundo juicio por la desaparición y muerte de Daniel Solano. El proceso ingresó en su etapa final con la declaración del policía Cristian Toledo. El uniformado es uno de los tres imputados junto a Walter Etchegaray y Ceferino Muñoz.
La audiencia se desarrolló en Sala 2 de los Tribunales de Roca con la fuerte presencia de familiares de los policias acusados y de organizaciones sociales que acompañaron desde un principio al padre de Daniel Solano, el joven salteño desaparecido en Valle Medio en 2015. El tribunal está conformado por Alejandro Pelllizon, Maximiliano Camarda y Natalia Gonzalez. El veredicto final se resolverá el jueves 2 de octubre.
Para la Fiscalía, los tres policías imputados cumplían servicio adicional la madrugada del 5 de noviembre de 2011, cuando Daniel Solano fue retirado del boliche de Choele Choel. Los testimonios de varios testigos, señalan que Solano fue sacado de manera violenta por Etchegaray, mientras otros policías presenciaron los golpes y empujones sin intervenir ni informar a sus superiores. Una testigo relató que lo levantaron “como una bolsa de papas”.
Tras ser retirado del boliche, Solano fue subido a un móvil policial y desde entonces desapareció. La fiscalía sostiene que los policías Muñoz y Toledo incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, ya que no realizaron actuaciones, no pusieron a Solano a disposición del Juzgado de Paz y no denunciaron los hechos cometidos por sus colegas. Por su parte, Etchegaray habría actuado como partícipe necesario de homicidio agravado, colaborando con los siete policías condenados en el primer juicio para que se llevaran a Solano y provocaran su muerte.
La fiscalía subrayó que, de haberse seguido los procedimientos correctos, Solano, un trabajador temporario de Salta, habría aparecido a los diez días, y no permanecería desaparecido hasta hoy. El tribunal, compuesto por un Tribunal Colegiado, analiza ahora la responsabilidad penal de los tres agentes, ya que la pena solicitada supera los tres años de prisión.
La defensa
La defensa de Toledo, a cargo del abogado Gustavo Vicens, solicitó su absolución y sostuvo que su cliente no fue quien acompañó a Solano a retirarse del boliche y que no está acreditado que haya cometido el delito. Según Viecens, Toledo cumplió con sus funciones al llamar a la Comisaría y solicitar un móvil policial, y luego volvió a ingresar al boliche, sin tener conocimiento de los hechos posteriores. El defensor agregó que Toledo no incurrió en encubrimiento, ya que nunca supo de algún acto ilícito, y denunció que se afectó su derecho de defensa por no cumplirse con los plazos razonables del juicio.
El abogado Miguel Salomón también intervino en defensa de Toledo, señalando que los testigos no se pusieron de acuerdo sobre cómo fue retirado Solano del boliche. “No sabemos a ciencia cierta qué pasó”, afirmó, y agregó: “Lo sacaron a Solano, no sabemos cuántos. Lo dejaron solo y vuelven a ingresar al boliche. No hubo incumplimiento”. Además, cuestionó la falta de pruebas científicas que constaten la culpabilidad de su cliente.
Por su parte, el abogado Suarez Colman, defensor de Etchegaray y Ceferino Muñoz, solicitó la absolución de ambos. Afirmó que los testigos no lograron probar la acusación, que sus declaraciones presentaron contradicciones y que no hay concordancia con lo planteado por la fiscalía y la querella. Según Suarez Colman, no se pudo determinar que existiera violencia al retirar a Solano y solo hay coincidencia en que el joven quedó solo afuera del boliche. Negó la existencia de participación necesaria y encubrimiento, y sostuvo: “No hay un solo sustento en lo que se los acusa. Estamos llenos de dudas, la verdad acá no existe”.
El caso Solano
Daniel Solano era un trabajador temporario de Tartagal que llegó al Valle Medio en 2011. La madrugada del 5 de noviembre de 2011 fue retirado por la fuerza de un boliche en Choele Choel por un grupo de policías y desde entonces permanece desaparecido. En 2018, siete efectivos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía. La sentencia quedó firme en 2023 tras el rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este segundo juicio busca determinar si los agentes tuvieron participación en los hechos mediante encubrimiento, encubrimiento agravado o incumplimiento de los deberes de funcionario público, dificultando la investigación y el esclarecimiento de la muerte de Solano.